La falta de esta ley en el país es uno de los puntos observados por la organización internacional que realizó la presentación de su informe con la presencia como invitado especial de Fidelino Quintana, padre del joven liberal Rodrigo Quintana, asesinado en marzo del año pasado tras las manifestaciones contra la enmienda.
Este hecho fue uno de los principales puntos mencionados en el informe, donde se resaltó el uso excesivo de la fuerza policial para reprimir manifestaciones durante las protestas realizadas tras la aprobación de la emienda para habilitar la reelección presidencial.
Tras la presentación del documento, que posteriormente fue entregado a los distintos poderes del Estado y partidos políticos, Fidelino exigió justicia para su hijo.
En la sede del Congreso Nacional, los referentes de Amnistía abogaron por la aprobación del proyecto contra toda forma de discriminación, presentado por el Frente Guasu durante este periodo legislativo y enviado al archivo en la Cámara Alta.
La iniciativa había provocado un largo debate entre sectores conservadores y progresistas. La Iglesia Católica y las organizaciones pro vida la rechazaban en forma contundente. Para los religiosos el proyecto ponía en riesgo varios artículos de la Carta Magna, que tratan sobre la protección de la familia, el matrimonio y los derechos del niño.
Sectores de la sociedad civil señalaban que era un paso para imponer la ideología de género y luego llegar a la despenalización del aborto y el matrimonio igualitario.
Fuerza policial. En cuanto a las protestas registradas entre el 31 de marzo y el 1 de abril del año pasado, en medio del intento de aprobación de la enmienda constitucional para admitir la reelección presidencial, que derivaron en la quema del edificio del Congreso por parte de manifestantes, la organización defensora de los derechos humanos se refiere a que a este suceso siguió luego el atraco policial a la sede del Partido Liberal Radical Auténtico, donde asesinaron al joven dirigente Rodrigo Quintana, y que hubo 200 detenciones y supuestas torturas y malos tratos cometidos por las fuerzas de seguridad contra los arrestados.
Menciona que en junio, en respuesta a las denuncias del ataque policial a periodistas en esas protestas, la Policía Nacional adoptó un protocolo de seguridad para informadores en peligro.
Agrega que, tras las protestas y la quema del Congreso, el presidente de la República, Horacio Cartes, y representantes del Partido Colorado acusaron de forma pública a los periodistas Menchi Barriocanal y Óscar Acosta de incitar a la violencia y amenazaron con su detención.
INDÍGENAS y persecución. Otro punto enfocado ayer por Amnistía en su informe refiere a los pueblos indígenas.
El organismo asegura que a los pueblos indígenas le siguieron siendo negados el derecho a la tierra y al consentimiento previo, libre e informado.
También destacó que hubo informes de persecución a periodistas y personas defensoras ante violaciones al derecho a la libre expresión.
Menciona como hechos negativos la prohibición por el Ministerio de Educación y Ciencias de los materiales de educación pública sobre igualdad de género, derechos reproductivos y sexualidad.