La legisladora explicó que con la propuesta, que ahora pasa a consideración del Senado, desde el Estado se promoverán campañas y se establece un protocolo victimológico. En ese sentido, todas las pruebas que hagan referencia a un abuso sexual deberán ser remitidas inmediatamente al Ministerio Público por los centros asistenciales de salud.
La normativa involucra de manera directa al sector educativo, con el objetivo de identificación temprana, prevención, autoprotección, detección y denuncia del abuso sexual. Para ello, en educación media y superior deberán incluir programas de educación sexual.
En uno de sus artículos también se establece la obligación de denunciar por parte de toda persona ante las autoridades competentes cualquier indicio o caso de abuso sexual contra menores dentro de las 24 horas siguientes al conocimiento del hecho.
La omisión de la denuncia será tipificada dentro de las normas penales como cómplice o encubridor.