Son varias las dudas que se tejen en torno a la aplicación de la Ley de Alianza Público-Privada. La primera guarda relación con la ruta VII, que fue otorgada al único oferente que se presentó para ampliar y mejorar las rutas 2 y 7.
La segunda es la fallida adjudicación también para la ruta VII, que terminó en una ley especial de concesión para la empresa del padre del ministro de Obras, Ramón Jiménez Gaona.
La tercera, la del aeropuerto, con la posible relación del jefe de Gabinete del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) con una de las firmas concursantes y con la aseguradora contratada por otra de las participantes que sería del jefe de Gabinete de la Presidencia de la República, Juan Carlos López Moreira.
Si bien aún el proceso no se canceló, la advertencia de la Contraloría General de la República sobre el manejo del caso otorgamiento de licencia apunta a que será otro caso postergado.
Desde que fue aprobada en el año 2013, apenas asumió el gobierno de Horacio Cartes, esta normativa presenta más dudas que certezas. El apuro gubernamental por buscar implementar esta norma solo está provocando que se tengan serias dudas sobre la transparencia de las adjudicaciones.
En algunos países la aplicación de una normativa parecida a la Ley de APP tardó como mínimo siete años mientras que en otros llevó hasta 30 años. Esta referencia, si bien fue compartida por las autoridades de turno durante la defensa de la normativa y posterior promoción a nivel local e internacional, no fue tenida en cuenta para la aplicación en el país.
El fin de la Ley de Promoción de la Inversión en Infraestructura Pública y Ampliación y Mejoramiento de los Bienes y Servicios a cargo del Estado” (más conocida como Ley de APP) es más que beneficioso para un país que tiene todo por hacer.
La ubicación geográfica de nuestro país es un privilegio que aún no podemos aprovechar por la carencia de rutas y aeropuertos de primer nivel, por citar solo dos ejemplos.
Por eso, es necesario que el proceso de adjudicación bajo esta modalidad esté lo más apartado posible de cualquier sospecha o manto de irregularidad.
Paraguay necesita seguir atrayendo inversiones para convertirse en un “tigre sudamericano” y lograr así que los índices de pobreza si no lleguen a cero, disminuyan al mínimo.
Mientras más inversiones en obras públicas se concreten, mayor será la tasa de empleo y el sostenimiento del crecimiento económico podrá mejorar el nivel de educación y salud, y una cadena de mejoramientos que redundarán en beneficio de toda la población.
Por ello, para no espantar a potenciales inversores, el Gobierno debe apuntar a la máxima transparencia en todos los procesos de adjudicación de obras bajo esta normativa. Necesitamos dejar de lado el vai vai y apuntar a la excelencia.