El presidente Horacio Cartes firmó el Decreto 103 que establece el empleo de los elementos de combate de las Fuerzas Armadas en operaciones de defensa interna contra el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) en los departamentos de San Pedro, Concepción y Amambay.
La medida presidencial se enmarca dentro de la Ley 5036/13 que modifica la Ley de Defensa y Seguridad Interna, que da luz verde a los efectivos militares para incursionar en el campo, sin necesidad de que el Congreso declare el estado de excepción.
En el referido decreto se oficializa la designación del general de brigada Mario Restituto González como el comandante de Operaciones de Defensa Interna.
Cartes determinó que la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y la Policía Nacional pasarán bajo control operacional del militar.
Esta última determinación genera malestar en las filas de la Policía, que no comparte la orden de estar subordinada a las Fuerzas Armadas.
El comisario Antonio Gamarra es el designado para comandar las tropas policiales contra el grupo armado.
sin restricciones. En el punto cuarto del decreto, el presidente de la República remarcó la necesidad de que todos los organismos del Estado involucrados en el combate contra el EPP “apoyen sin restricciones al comandante de Operaciones de Defensa Interna”.
Igualmente hace referencia al comunicado que hizo al Congreso de las decisiones tomadas, tal como se establece en la Ley 5036/13.
La incursión de los militares en la zona de Tacuatí aumentó desde el pasado viernes, un día después de que el Congreso aprobó las modificaciones para autorizar la acción de los efectivos, sin la figura del estado de excepción.
A una semana del asesinato de cuatro guardias privados y un efectivo policial, hasta el momento no fue aprehendida ninguna persona vinculada al grupo armado.
Según el criterio manejado en el Congreso y en el Ejecutivo, el EPP realizó actos criminales y terroristas contra la ciudadanía. El gobierno de Cartes recibió varias advertencias de parte de organizaciones de derechos humanos que temen que la acción de los efectivos militares en la zona Norte del país finalmente termine en la criminalización de la lucha social o en abusos de poder durante los allanamientos.
El operativo militar costará al Estado aproximadamente entre 1.000 a 2.000 millones guaraníes, en una primera etapa. Estiman que alrededor de G. 30.000 por día gastarán en alimentación de los efectivos.
La semana pasada reforzaron la zona con 400 hombres en los destacamentos ubicados entre Concepción y San Pedro. Además de la maniobra e incursión operativa, el Gobierno está planificando una asistencia social, mediante una coordinación interinstitucional entre los Ministerios de Agricultura y Ganadería, de Salud, Obras Públicas y Educación.