Noelia Duarte Solís
CIUDAD DEL ESTE
Las causas judiciales contra concejales de Ciudad del Este fueron remitidas a la Fiscalía General del Estado por las inhibiciones y recusaciones de los jueces del Alto Paraná. El presidente del legislativo, Teodoro Mercado, dijo que aunque el fiscal Alfredo Ramos Manzur se apartó de la causa, (se inhibe de Efigenio Lisboa, abogado de los ediles), el fiscal adjunto interino, Roberto Zacarías, lo confirmó en la causa, por lo que resolvieron recusarlo.
Mientras, los ediles dicen juntar documentaciones para respaldar una denuncia por usurpación de funciones, contra la intendenta Sandra McLeod.
Tanto la denuncia por desacato contra los concejales de Ciudad del Este y por usurpación de funciones públicas promovida por la intendenta contra el presidente de la Junta, dependen de la asignación de un fiscal investigador, de parte de Javier Díaz Verón, titular del Ministerio Público.
“Queremos un fiscal imparcial, consideramos que acá en Ciudad del Este no hay garantías. El lunes de tarde vimos asesores de la municipalidad en la oficina de Ramos Manzur y eso lo tomamos como una presión política”, reveló Mercado.
Ayer, estuvieron en el Ministerio Público de Ciudad del Este, además de Mercado los ediles Juan Carlos Barreto, Lilian González, María Portillo, Herminio Corvalán y Juan Ángel Núñez. El concejal Celso Miranda quedó en la vía pública pues por su proceso judicial por la grafiteada en la Fiscalía, tiene prohibido el ingreso a la institución.
Esta semana deben estar en la Fiscalía General del Estado, los concejales de Ciudad del Este, conversando con su titular para explicar las razones de la recusación al fiscal Ramos Manzur.
Un grupo de seguidores de los concejales críticos a la gestión de McLeod en la municipalidad, estuvo en el predio del Ministerio Público, vistiendo remeras de la albirroja y portando una enorme bandera paraguaya.
EN ESPERA. En cuanto a la denuncia por usurpación de funciones públicas contra la intendenta Sandra Mc Leod, los ediles indicaron que están juntando documentaciones para respaldar la presentación que, finalmente, no tiene fecha.
Para los concejales, McLeod atropella la autonomía del legislativo y se abroga funciones administrativas que la Ley Orgánica Municipal les faculta, al destituir al asesor jurídico Leonardo Ayala Balmoris, descontratar funcionarios y asignar a un secretario general adjunto.
De hecho, la raíz del conflicto entre el ejecutivo y el legislativo fue la designación de Claudio Durañona como secretario adjunto, mientras que Blas Darío Domínguez fue designado como cónsul paraguayo en Puerto Yguazú (Argentina). Los ediles rechazaron esta determinación y derogaron la resolución que establecía esa función, no prevista en la Ley Orgánica Municipal, según mencionaron.
Esto derivó en la denuncia por desacato contra los concejales, según el escrito presentado por Carmen Chávez, miembro del Tribunal Electoral del Alto Paraná. Ella ofició a los ediles que no debían asignar otro secretario que no sea Durañona.
