Recordemos que estos productores forman parte de la lista presentada por la CNI para aplicar la Ley de Emergencia. El requisito para obtener la asistencia es que los campesinos estén en el Registro de Beneficiarios (Renabe). En este proceso fueron descartados más de 30.000 por no cumplir con dicho requisito.
Ayer, los líderes de la Coordinadora se reunieron con el ministro de Agricultura y Ganadería, Marcos Medina, quien les propuso iniciar la distribución de kits con los nombres ya confirmados, mientras se vuelve a verificar lo que resta.
Esta segunda verificación se está haciendo desde hace dos semanas, y se ha avanzado en un 60%, comunicó Medina. El margen de error es de 0,7%, agregó.
Ante este escenario, los miembros de la Coordinadora emprendieron una campaña de inscripción al Renabe. Es decir, los más de 30.000 excluidos inicialmente pretenden ingresar al registro.
Recibí las noticias en tu celular, unite al canal de ÚH en WhatsAppJorge Galeano, líder de la mencionada organización, explicó que han llevado todas las solicitudes para la inclusión de los campesinos en el Renabe, pero que hasta el momento no lograron incluirlos.
Explicó que se rechazó la propuesta de iniciar la distribución debido a que temen que si se empiezan a repartir los alimentos sin haber incluido a la mayoría, podría haber conflictos como el suscitado en Maracaná.
“Le planteamos al ministro no entregar así porque se va a pelear la gente en el interior. Preferimos que se entregue una sola vez, pero que se entregue a todos”, señaló.
En ese marco, se acordó ayer por la tarde que hoy se iniciará un nuevo proceso con las solicitudes acercadas por la CNI. Estos papeles fueron llevados a la Dirección de Extensión Agraria (Deag) del MAG, en San Lorenzo.
Los técnicos encargados de la verificación que ya se inició hace quince días se trasladarán al Deag para seguir con el proceso. Galeano explicó que la intención es que se haga de forma inmediata el cruzamiento de datos. Estimó que esta nueva modalidad se cerrará en un lapso de dos semanas.
Estos acuerdos se dan en el marco de la aplicación de la Ley de Emergencia y de la Ley de Rehabilitación Financiera de los Pequeños Productores. Se prevé una inversión de USD 40 millones, obtenidos a través de bonos del Tesoro.