El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), a través de sus representantes jurídicos, presentó ayer, en horas de la mañana, una acción de certeza constitucional ante la Corte Suprema de Justicia, como último recurso para salvar la licitación para la modernización del Aeropuerto Internacional Silvio Petirrossi, que se lleva adelante bajo la Ley de Alianza Público Privada (APP).
La cartera pretende que la máxima instancia judicial determine, “a ciencia cierta”, si el actuar de la Contraloría General de la República (CGR) –que recomendó cancelar la cuestionada APP– se ajusta o no a las competencias que le otorgan las leyes. Así informó la institución en un comunicado de prensa. Ningún alto funcionario del Ministerio quiere referirse al tema.
Recordemos que el 25 de octubre pasado, el MOPC y la Dinac presentaron ante el Tribunal de Cuentas un pedido de desistimiento de la demanda que promovieron el 10 de julio pasado contra el dictamen de la Contraloría, y el órgano jurisdiccional hizo lugar al pedido el viernes último.
En un comienzo se pensó que con el desistimiento la APP del Aeropuerto se cancelaría; sin embargo, Obras Públicas tenía un “as bajo la manga” y lo concretó ayer con la acción de certeza constitucional. No es la primera vez que este Gobierno recurre a esta instancia para defender proyectos polémicos.
Obras Públicas se ratificó en que el proceso de licitación del Aeropuerto “se lleva adelante con transparencia, dentro del más absoluto respeto a las normas legales que rigen la materia, por lo que no corresponde la cancelación recomendada por la Contraloría”.
Una vez más, sostuvo que el ente contralor “se ha extralimitado en el ejercicio de sus funciones y con ello ha socavado todo un procedimiento establecido para un concurso de APP en la propia Ley 5102, en el decreto reglamentario y en las demás leyes que hacen al universo jurídico en esta materia”.
Reiteró que hasta que se sustancie esta nueva acción judicial ante la Corte, el proceso de licitación del Aeropuerto sigue en instancias de la comisión de evaluación de ofertas.
El MOPC quiere adjudicar a toda costa la concesión de la terminal aérea al consorcio liderado por la española Sacyr, con pésimo antecedente a nivel internacional. La firma ofreció un canon anual de 32,06% al Estado.
Discutida certeza constitucional
La figura de la declaración de certeza constitucional es bastante discutida. Sin embargo, ya hubo varios precedentes. Según el ex ministro Luis Lezcano Claude, en un trabajo sobre el tema, la primera vez que se usó fue en 1996, para saber quién debería ejercer la Contraloría. Luego, en 1999, si el entonces presidente Luis Ángel González Macchi debía llamar a elecciones o seguir en la presidencia.
Después lo usaron varios ministros de la Corte, para seguir en el cargo hasta los 75 años; los gobernadores, para saber si podían ser reelectos; el Banco Central, sobre los honorarios a los abogados, y la última, en febrero pasado, del entonces ministro de Hacienda, Santiago Peña, sobre los bonos soberanos. Algunos juristas hablan de que no existe esa figura en nuestro ordenamiento jurídico.