El Gobierno, por intermedio del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), comenzó un proceso de modernización de los puestos de peajes con miras a mejorar el servicio y aumentar la recaudación. Se realizaron importantes inversiones, pero al mismo tiempo se inició un plan de concesión del cobro, lo que generó un debate entre los que estaban de acuerdo y lo que se oponían.
Siempre se habló de que los puestos de peajes eran unos puntos en donde la corrupción y la deshonestidad encontraban un campo propicio para desarrollarse. La recaudación paralela era el pan de cada día y no menos frecuente el dejar pasar sin cobrar el peaje a ciertos conductores.
En una oportunidad funcionarios de la Contraloría General de la República se instalaron en los puestos de peaje para realizar un control de la cantidad de vehículos que pasaban por el puesto y la recaudación estimada. En esa oportunidad la recaudación como mínimo se duplicó, lo que evidenció que había una gran evasión de los ingresos.
Posteriormente se instalaron cámaras, se informatizó el sistema para expedir los tiques, pero los muchachos siempre se ingeniaban para evadir estos sistemas de control y mantener la innegociable recaudación paralela.
En un nuevo intento por transparentar la recaudación de peajes el MOPC inició un proceso de tercerización. Pareciera ser que esta sería la solución definitiva al problema. Sin embargo, el proceso está salpicado de dudas y posibles maniobras para beneficiar a una empresa.
Los documentos que están saliendo a la luz pública revelan que la empresa adjudicada habría presentado documentos de contenido falso para quedarse con 13 puestos de peaje.
El MOPC, después de defender en muchas ocasiones la adjudicación, ahora no tuvo más opción que someterse a una auditoria de Contrataciones Públicas, ante las evidencias de que hubo errores en el proceso de adjudicación.
De ser cierto que la empresa adjudicada presentó documentos de contenido falso, hecha por tierra el discurso de que con la tercerización se saneará la recaudación de peajes.
Si desde el vamos hay visos de corruptela, dudo mucho que una vez afianzados en el negocio se dignen en dar al César lo que le corresponde y los más probable es que siga la vía paralela y el Gobierno se quedará sin los recursos para mantener en forma las rutas del país.
Las autoridades del MOPC tienen una última oportunidad para demostrar a los contribuyentes que realmente quieren sanear el sistema de peaje o si simplemente quieren dejar la posta a otros para que se alcen con la tentadora recaudación pro bolsillo.