La presentación de las planillas con las 366.000 firmas que acompañan el pedido de enmienda constitucional, bajo la figura de la iniciativa popular, es un capítulo más del absurdo en el que insiste el presidente Horacio Cartes.
Si no fuera porque nos estamos jugando la continuidad de la democracia, podríamos decir que la coyuntura política se parece mucho a una comedia, que sorprende en cada escena. Pero no podemos. Y no podemos porque el nuevo intento por lograr la enmienda violará el artículo 290 de la Carta Magna.
A esto hay que sumarle que son muy graves las sospechas que apuntan a la falsificación de firmas presentadas por el Partido Colorado al TSJE para solicitar la enmienda constitucional de los artículos 161, 197, 229, 235 y el 290.
Recibí las noticias en tu celular, unite al canal de ÚH en WhatsAppMedios de comunicación y redes sociales se han hecho eco de las denuncias sobre las llamativas similitudes en las firmas que fueron presentadas. Ante la presión, el TSJE –que inicialmente se había negado a la publicación de las planillas– decidió dar a conocer las mismas, aunque haya optado por un método que no favorece la transparencia, pues resultará muy complejo para los ciudadanos acceder a esa información.
Las artimañas no pueden reemplazar a los pasos legales que corresponden para lograr la enmienda constitucional. La suerte de Cartes –y de otros interesados en la reelección– quedó sellada en agosto del 2016, cuando senadores de la oposición y de un sector disidente del Partido Colorado presentaron y rechazaron en tiempo récord un proyecto de enmienda constitucional para habilitar la reelección presidencial; la iniciativa fue archivada y no puede ser tratada nuevamente antes de que pase un año, según el artículo 290 de la CN. La Carta Magna también establece: “No se utilizará el procedimiento indicado de la enmienda, sino el de la reforma, para aquellas disposiciones que afecten el modo de elección, la composición, la duración de mandatos o las atribuciones de cualquiera de los poderes del Estado o las disposiciones de los capítulos I, II, III y IV del Título II, de la Parte I”.
Para que quede claro: Es legítimo el interés por modificar la Constitución y dar vía libre a la reelección, pero ningún fin puede justificar la violación de la Constitución, para satisfacer el interés de una persona o grupo de personas aferradas al poder.
Es inadmisible que prevalezcan las ambiciones de una persona por encima de las reglas del sistema democrático, que pueden hacer retroceder al Paraguay hacia el totalitarismo.