Constitución Nacional
El Directorio del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) rechazó, por unanimidad, una posible reforma constitucional en este momento, ante intenciones del cartismo que actualmente gobierna y posee mayoría en ambas cámaras del Congreso.
La ministra de la Corte Carolina Llanes cuestionó el proyecto de ley que pretende terminar con la discrecionalidad de las medidas alternativas a la prisión. Sostuvo que sería “un avasallamiento” a la Constitución Nacional y advirtió que convertirá al país “en un Estado policiaco”.
Hace años que el Ministerio de Educación y Ciencias trabaja al margen, de espaldas y en contra de lo que la Constitución Nacional ordena, violando así los principales artículos dedicados a la educación. Total o parcialmente se violan, por ejemplo, los artículos 73, 74, 75, 76, 113, 115 (inciso 13), y otros que ya he denunciado en otras publicaciones.
En una exhibición de populismo sin límites, la Cámara de Diputados aprobó este miércoles el proyecto de ley que busca compensar a ex trabajadores que construyeron la Itaipú Binacional. La normativa pasa ahora a manos del Poder Ejecutivo, en donde se espera que este despropósito sea vetado. Es del todo inaceptable que el Congreso pretenda repartir USD 940 millones a ex trabajadores de las empresas privadas, las cuales además se han enriquecido con la construcción de la represa. La ley es desde varios aspectos inaplicable.
El senador Pedro Santa Cruz indicó que presentarán informes ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para lograr sancionar a fiscales, magistrados y defensores públicos que votaron en las instancias partidarias.
A 30 años de la vigencia de la Constitución Nacional, el ex convencional constituyente Hugo Estigarribia destacó el equilibró de poder entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, que se estableció gracias a la Carta Magna. Sin embargo, lamentó que el Parlamento haya “abusado del poder”, por lo que consideró necesario que el electorado vote mejor a sus representantes.
El Banco Central del Paraguay (BCP) mostrará la Constitución original de 1844 por el 30 aniversario de la Carta Magna de 1992.
La decisión del Ejecutivo de vetar la ley que permitiría aumentar los gastos corrientes de las gobernaciones no fue bien recibida por los gobernadores. Es necesario valorar la decisión presidencial respecto a un tema que podría tener consecuencias en tiempos electorales. Al tener la posibilidad de cambiar el objeto de gasto, los gobernadores tendrían vía libre para gastar el dinero en salarios, combustible, vehículos, viáticos, cátering de eventos y otros. Y queda evidenciado que ninguno de esos rubros tiene que ver con los servicios a la población.
Como una reacción ante una situación concreta de la coyuntura económica y política, el senador colorado Enrique Riera presentó un proyecto que pretende establecer penas carcelarias a los responsables de cortar las rutas. El proyecto adolece de defectos, por lo que no sería viable ni sensato aprobarlo. No obstante, se debe puntualizar que son inadmisibles los cierres de ruta extorsivos, como los que se implementan en estos días, que afectan la libertad y el trabajo de las personas. La crisis que vivimos requiere de inteligencia y no de bravatas.
El costo que significa un Estado ineficiente afecta profundamente en diversos ámbitos de la sociedad. Su mal funcionamiento tiene una directa relación con aspectos fundamentales de nuestras vidas como la salud, la educación, la seguridad y la Justicia. El deficitario funcionamiento de las instituciones públicas hace mella en la convivencia diaria. La falta de políticas públicas adecuadas impacta en el bienestar y la calidad de vida de las personas. Los administradores estatales están obligados a realizar una buena gestión. Fueron designados o electos para servir al pueblo y generar las condiciones para un desarrollo humano integral y sostenible en el tiempo. Es hora que la inutilidad en la función pública deje de ser lo normal y que cambie de paradigma. Que le den un nuevo rostro a tan noble tarea.
Es responsabilidad del Estado garantizar el acceso igualitario a la salud pública de todos los ciudadanos. No debe haber discriminación. Aquellos compatriotas que no tienen una respuesta favorable en tiempo y forma para una atención sanitaria del sector público deben hacer oír su voz y reclamar. La vieja mala costumbre de privilegiar al que tiene algún contacto ya sea político o de otro tipo para conceder una prestación o un lugar, alguna vez debe terminar. La Constitución Nacional prescribe que todos los habitantes de la República son iguales en dignidad y derechos. Todos deben acceder en igualdad de condiciones a la salud, sin importar su condición, su raza o credo político y religioso. Esa es la cuestión.
Estamos ante una de las peores sequías registradas en Paraguay, que amenaza la seguridad alimentaria y la biodiversidad, pero el Gobierno aún no dimensiona la gravedad de la situación y se niega a declarar una emergencia para apuntar todos los esfuerzos a la asistencia de los afectados y afectadas.
Los diputados hallaron nuevamente la manera de posponer la aprobación de la ampliación de la Ley de Emergencia Covid-19. La semana pasada, la bancada cartista se había retirado de la sesión de la Comisión Permanente del Congreso, dejándola sin cuórum, razón por la cual el proyecto no pudo ser tratado. Ayer, finalmente, el proyecto fue aprobado en general, pero como los diputados introdujeron cambios, el texto regresará a la Cámara de Senadores, lo cual dilatará su aplicación en un momento crítico para el país en el que se da un pico de contagios por coronavirus. Sin embargo, ambos poderes, Legislativo y Ejecutivo, son responsables de la situación de crisis, pues ambos son gobierno. Es necesario que se concentren en buscar el bienestar de la mayoría, pues la politiquería no puede estar por encima de las necesidades del pueblo.
El abogado Ezequiel Santagada, del Instituto de Derecho y Economía Ambiental (IDEA), dijo que es anticonvencional y anticonstitucional que un juez prohíba a una mujer publicar en las redes sociales sobre las partes intervinientes en su causa judicial.
Durante el sexto día del novenario a Nuestra Señora de Caacupé, el obispo emérito Claudio Giménez instó a los laicos a que sean ejemplo de Cristo ante el mundo. Pidió a las autoridades creyentes que no sean corruptas y afirmó que se debe hacer cumplir la Constitución Nacional.
El vicepresidente de la República y precandidato para jefe de Estado por la ANR, Hugo Velázquez, indicó este domingo que, en caso de ser electo, no descarta una posible reforma de la Carta Magna.
La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró inamovibles en sus cargos a los ministros Eugenio Jiménez Rolón, Alberto Martínez Simón y Carolina Llanes. Con esto, podrán permanecer en sus cargos hasta cumplir los 75 años de edad.
La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que otorga un permiso especial a funcionarios públicos para que estos puedan ejercer cargos electivos sin tener que renunciar a sus puestos actuales.
La presentación de un proyecto de ley para establecer áreas para vacunados y no vacunados contra el Covid-19 ya genera posturas a favor y en contra desde diferentes puntos de vistas. El doctor Tomás Mateo Balmelli y el abogado José Casañas Levi se refieren al tema.
Para el abogado José Casañas Levi tener sexo dentro de un vehículo no representa un delito, salvo que afecte la integridad de un niño. No obstante, indicó que la Policía puede intervenir para resguardar el “orden público”.
El Ministerio de la Niñez y Adolescencia emitió un comunicado en el que recuerda que, en el Art. 54 de la CN, se consagra el principio del interés superior y refiere que “los derechos del niño en caso de conflicto, tienen carácter prevalente” y piden el retorno a la aulas.
El diputado liberal Édgar Ortiz explicó este martes que presentará un proyecto de enmienda constitucional para implementar la pena de muerte a secuestradores, abusadores y feminicidas.
En 1991 se realizaron los primeros comicios municipales del Paraguay. En tres décadas, poco se avanzó en construir un poder local verdaderamente democrático.
El abogado constitucionalista Jorge Vasconcellos aseguró que los derechos ciudadanos no pueden ser limitados mediante una ley, pero sí regulados. Consideró que la propuesta de ley sanitaria del Poder Ejecutivo debe ser replanteada.
Diputados liberales anunciaron en una conferencia de prensa que hay unanimidad entre las cuatro bancadas del PLRA para impulsar el juicio político al presidente Mario Abdo Benítez y al vicepresidente, Hugo Velázquez. La postura del cartismo será decisiva.
El presidente de la Unión Hebraica del Paraguay, Humberto Ismajovich Szumsztajn, expresó su repudio a la apología al nazismo que presenció en una feria alemana que se realizó en San Bernardino, Departamento de Cordillera. La organización del evento alega que no apoya la ideología, pero que no puede prohibir la venta de objetos relacionados al régimen.