De acuerdo a Arias, el desafuero no corresponde en la persona que ocupa el cargo de contralor, y explicó que la Constitución refiere que en el caso del contralor se debe seguir el procedimiento establecido del juicio político y en cuanto al procesamiento que se guiará por el procedimiento establecido para los magistrados judiciales.
Mencionó que el artículo 255 de la Constitución habla de la imputación de los magistrados judiciales, de los magistrados que se encuentran en flagrancia y tienen un procedimiento especial.
“En el caso del contralor debe ser igual que a un magistrado. Entonces nosotros decimos que lo que sucedió en la Cámara de Diputados riñe directamente con lo que refiere la Constitución. Por ello vamos a plantear esa acción para poder devolver esa legitimidad establecida en la Constitución para el contralor”, remarcó.
El profesional señaló que desde la imputación por parte del Ministerio Público se tuvo una sucesión de errores y mencionó que el fiscal Juan Leonardi Guerrero, al presentar su imputación, refiere que se le tiene que despojar de su investidura y basándose en eso, la jueza Lici Sánchez envió el oficio a la Cámara solicitando el desafuero. “Está todo equivocado. No es el procedimiento adecuado. Se puede atacar de nulidad y eso se presentará más adelante”, expresó.
Recibí las noticias en tu celular, unite al canal de ÚH en WhatsAppERROR. Los propios legisladores colorados que aprobaron el desafuero tienen posturas encontradas sobre si corresponde o no aplicar dicha medida, pero decidieron hacerlo con el argumento de que si no corre el juicio político, la investigación fiscal no podrá seguir su curso, debido a que el contralor tiene inmunidades.
En el libelo acusatorio para el juicio político se sostiene que “el fiscal cometió un error material severo al pedir el desafuero del contralor. La Cámara de origen (Diputados) no puede retirar lo que el contralor no posee”, dice parte del documento.
De igual manera, García fue desaforado. Está imputado por producción y uso de documentos públicos de contenido falso, por no haber apelado el fallo que condenó a la Municipalidad de Asunción el pago de USD 3,6 millones a la firma Ivesur.