A medida que se acerca la fecha de la huelga general (pautada para el 26 del corriente) crece la crispación entre el Gobierno y los organizadores de la medida de fuerza, con cruces que hablan de fuerte carga de politización desde el ámbito oficial; en tanto que las centrales sindicales convocantes sostienen que se está infundiendo temor por hipotéticos desmanes y desestabilización.
Como uno de los contraataques gubernamentales, ayer el propio ministro interino de Trabajo, Guillermo Sosa, deslizó la posibilidad de que la huelga pueda ser considerada ilegal, argumentando que se convirtió en una movilización política e ideológica. “No es intención pedir la ilegalidad de la huelga. Nosotros no queremos eso en una primera instancia, es una medida de casi última instancia”, sostuvo el encargado de despacho.
El ministro interino dijo que las centrales obreras que irán a un paro general no buscan dialogar con el Gobierno para llegar a un acuerdo de modo a desactivarla, sino que quieren adoptar la medida de fuerza y seguir presionando por el aumento del 25% del salario mínimo.
Por el lado de los sindicalistas, hay molestia por algunos gestos unilaterales asumidos por la administración de Cartes, como por ejemplo la decisión unilaterial de elevar el nivel del salario mínimo al 10%, que no fue consensuado con los gremios de trabajadores; además de haberse firmado el decreto reglamentario de la Ley de Alianza Público-Privada (APP) un día antes de la última reunión en el Ministerio de Trabajo entre el Gobierno y los representantes sindicales.
Esto último fue considerado por Aldo Snead, de la Central Unitaria de Trabajadores Auténtica (CUT-A), como una verdadera burla hacia el sector trabajador.
operativo colorado. En filas oficiales hay un trabajo de lobby para amainar las fuerzas de la medida. Por ejemplo, la misma presidenta de la ANR, senadora Lilian Samaniego, se reunió con sindicalistas del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) de manera a desactivar cualquier intento de adhesión por parte de los funcionarios a la medida de fuerza.
Incluso dijo que se temen disturbios durante la protesta, porque recibieron informaciones de un intento de crear violencia en esa jornada.
La pulseada se gesta en una coyuntura que tuvo su antecedente inmediato hace casi 20 años, cuando se produjo la última gran huelga general, esa vez contra la administración de Juan Carlos Wasmosy, y en la que se produjeron enfrentamientos que derivaron en el fallecimiento del joven estudiante Sebastián Larrosa.
