“Con este nuevo decreto te autorizan a echar el 25% que dejaste. Podés plantar soja, maíz, y vas a ir a comprar en una región en el Chaco donde el certificado (de servicios ambientales), es más barato y resolvés el problema. Es un sistema muy perverso”, declaró Saguier.
El polémico decreto reglamenta el artículo 42 de la ley forestal, que indica que “todas las propiedades rurales de más de 20 hectáreas en zonas forestales deberán mantener el 25% de su área de bosques naturales”. En la segunda parte, el artículo de la ley dice que “en caso de no tener este porcentaje mínimo, el propietario deberá reforestar una superficie equivalente al cinco por ciento de la superficie del predio”.
Pero el decreto lo que hace es dar al propietario la opción de comprar certificados de servicios ambientales para cubrir el porcentaje, pero no especifica que debe ser de la misma ecorregión, destacó Saguier. Esto es importante porque los certificados cobran sentido cuando palian el porcentaje deforestado dentro del mismo ecosistema, porque el objetivo es mantener un cierto equilibrio. Hay áreas más “valiosas” que otras, por ello los precios de los certificados varían por zona, agregó.