La modificación del artículo 86 fue la más discutida y se testaron dos incisos del mismo, en lo que hace a las excepciones del deber de secreto bancario; se testó además el artículo 95, referido a juicios universales.
En principio, el diputado Bernardo Villalba había pedido que el artículo 86 fuera reestudiado, por lo que se pasó a analizar inciso por inciso, aprobándose finalmente que entre las excepciones del deber de secreto no estuviera incluida la máxima autoridad de la Comisión Nacional de Valores, en el ámbito de investigaciones vinculadas a operaciones realizadas a través del mercado de valores; al igual que las entidades de crédito que intercambian información entre sí y con el Banco Central del Paraguay.
En lo que se refiere a la forma de cálculo del patrimonio efectivo (artículo 43), se ratificó la versión del Senado, es decir el patrimonio efectivo se determinará conforme a las normas reglamentarias dictadas por el Banco Central del Paraguay (BCP).
El artículo 91, sobre reserva de las informaciones, fue aprobado en su versión Senadores; mientras que el artículo 48, que hace referencia a las ponderaciones por riesgos, fue aprobado tal como emanó de la Cámara Alta, es decir que el BCP, previo dictamen de la Superintendencia de Bancos, tendrá la facultad de aumentar los factores de manera gradual, no pudiendo establecerse incrementos superiores a 0,05 por año.
La norma vigente está desfasada y es restrictiva, pues nació luego de la crisis financiera de 1995, cuando quebraron varias entidades financieras. Ahora el sector necesita tener mayor flexibilidad para enfrentar casos de crisis y estimular el crédito.