En manos de tres jueces de la Primera Sala de Apelaciones está la decisión de dar a conocer o no las declaraciones juradas de bienes de las autoridades designadas y electas entre 1997 y 2017.
Se trata de los jueces Gustavo Santander, Pedro Mayor Martínez y Gustavo Ocampos. En la oficina de estos camaristas caerá la apelación que la Contraloría General de la República (CGR) viene anunciando desde la semana pasada, a través del director jurídico, César Núñez.
Tras el intento de dilatar la entrega de las manifestaciones documentadas de los altos funcionarios, a través de un recurso de aclaración, el objetivo de la CGR ahora es apelar la decisión del Juzgado de Primera Instancia.
Desde el ente contralor sostienen que no entregarán las declaraciones juradas tal como lo ordenó el juez Rubén Darío Riquelme, el 8 de mayo pasado.
Este magistrado resolvió hacer lugar a la acción de amparo constitucional promovida por varios ciudadanos contra la Contraloría, por lo cual la institución deberá dar a conocer las declaraciones presentadas por las máximas autoridades gubernamentales (presidente, vicepresidente, ministros, secretarios con rango de ministros, legisladores, ministros de la Corte, gobernadores, intendentes, integrantes de juntas, directores de Itaipú y Yacyretá, entre otros) entre 1998 y 2017.
Sin embargo, desde el órgano extrapoder sostienen que la Ley 5033/13 habla de la prohibición de dar a conocer estos documento ya que para que eso ocurra deberá existir una orden judicial y por un caso específico.
La CGR afirma que las autoridades están amparadas en el artículo 36 de la Constitución Nacional que habla del patrimonio documental de las personas.
Políticos a favor. Hasta ahora los políticos Enrique Riera (ANR), Arnaldo Giuzzio y Carlos Amarilla manifestaron su acuerdo en que se den a conocer a la ciudadanía sus declaraciones juradas.
“Todos los que trabajemos para el Estado, estamos obligados a exhibir patrimonio. Derecho a privacidad cede ante derecho de información: ‘Quien nada debe, nada teme’”, escribió en sus redes sociales Riera, ex ministro de Educación y actual senador suplente electo.
El ex secretario de Estado detalló en su cuenta de Twitter cuáles son sus bienes patrimoniales.
“Tuve 6 cargos públicos y mi declaración de bienes está disponible para quien lo desee. Tengo la misma casa hace más de 25 años. Dos Picantos y una camioneta Hyundai Tucson (2013). Y algunas cosas más. No hay secretos. Lo público en público”, aseguró el político utilizando la misma frase que el presidente Horacio Cartes utilizó en 2015 cuando sus propios correligionarios se resistían a que se dé a conocer las planillas de funcionarios con sus respectivos salarios, cargos, antigüedad, viáticos, etc., a través de la Ley de Acceso a la Información Pública.
Es obligación. El contralor general Enrique García está obligado a entregar las declaraciones atendiendo a lo establecido en el artículo 581 del Código Procesal Civil sobre que la misma será concedida sin efecto suspensivo cuando se acoja el amparo.