Desde que se inició el proyecto impulsado por el oficialismo colorado liderado por el presidente Horacio Cartes, en alianza con los sectores políticos que responden a Fernando Lugo y Blas Llano, para violar la Constitución e imponer la figura de la reelección, el Paraguay ha vivido largos meses bajo el efecto de una crisis política que fue creciendo hasta llegar al penoso atraco al Senado y a las reacciones de manifestación ciudadana, con el incendio del Congreso, en la noche del 31 de marzo, con una salvaje y criminal represión policial que se cobró una vida.
Esa misma crisis ha venido repercutiendo negativamente en varias instancias de la vida cotidiana, robando un valioso tiempo productivo a la mayoría de la población, postergando el tratamiento de cuestiones importantes, afectando al normal funcionamiento de las instituciones, principalmente al Poder Legislativo, debido a que en las últimas semanas ha dividido al Senado y ha impedido que se realicen sesiones normales de la Cámara, evitando que muchos proyectos de ley puedan ser estudiados y debatidos como corresponden, obligando a que sean aprobados en forma automática por el sistema de sanción ficta.
La situación creada ha generado un verdadero hartazgo en la ciudadanía, motivando que se registren manifestaciones cada vez mayores de protesta en diversas ciudades del país, buscando evitar que se consagre la violación de la Constitución, además de despertar la preocupación de la comunidad internacional por que no acabe de quebrarse el sistema democrático.
Probablemente ha sido esta misma situación de crispación política interna y de preocupación internacional la que motivó que, finalmente, el presidente Horacio Cartes desista de su intención de seguir impulsando su inconstitucional reelección. Ante tal gesto de sensatez política del primer mandatario, lo que se esperaba –aunque con buena dosis de duda de que pise nuevamente su palabra– es que terminaran los enfrentamientos y divisiones, por lo cual urgía desistir totalmente del proyecto de enmienda constitucional.
La decisión tomada ayer por la mayoría de la Cámara de Diputados, especialmente por los legisladores oficialistas y por algunos aliados, al dar entrada al proyecto de enmienda del Senado paralelo, solo prolonga y aviva innecesariamente la crisis manteniendo en vilo la institucionalidad de la República. Los parlamentarios han perdido una excelente oportunidad de poner punto final al enojoso tema, rechazando el documento, como varios lo propusieron. Además, terminan avalando el atropello de los 25 senadores al Congreso. Una vez más, la mayoría de los diputados han demostrado que actúan a contramano del clamor de la ciudadanía, que pide que se restablezca cuanto antes la institucionalidad democrática.
