En el caso de reincidir en este tipo de decisiones, la sanción supera los G. 102 millones.
Para el titular del gremio y director del colegio privado Santa Elena, Armando Ficorilli, el Estado no tiene en cuenta el “servicio” que brindan a la educación pública desde el sector privado.
“La educación gestionada por el sector privado es un complemento necesario para la educación, teniendo en cuenta que el sector público no ofrece lo mejor”, indica el educador.
Acciones. El titular de la Aiepp sostiene que, no obstante, no analizan medida alguna luego de la reglamentación de la Ley Nº 5738/16 que garantiza la educación de niños en instituciones educativas de gestión privada.
“Hasta ahora no tuvimos grandes problemas con la normativa, por lo menos se les puede hacer firmar pagarés. Que sepamos no hay un juez que haya obligado a reinscribir a los alumnos, si esto ocurre estaríamos recurriendo a la Justicia”, explica Ficorilli.
Es que la ley vigente permite la no matriculación de niños y jóvenes al año siguiente, si es que sus padres adeudan o adeudaron la mensualidad.
Según la cartera educativa, son dos colegios, uno privado y otro subvencionado, los que están en la mira con la reglamentación actual.
Uno de estos centros privó supuestamente el año pasado a por lo menos dos alumnos de la entrega de títulos en la graduación. Todo, por deudas en las mensualidades.
Datos de la Aiepp indican que el 75% de los ingresos en los centros educativos privados se invierten en el salario de los docentes y el personal administrativo. Los locales con mayor cantidad de alumnos pueden llegar a contar con 80 profesores en su plantel.
Aseguran que las cuotas son casi el único sustento en la mayoría de los casos en los 85 locales asociados.
Morosidad. Actualmente, la Aiepp estima que el nivel de endeudamiento ronda el 40% en los institutos.
Sin embargo, estos índices disminuyen a medida que se cierra el año lectivo, quedando un remanente del 10% de morosos, de acuerdo siempre a los datos brindados por la asociación de instituciones privadas.
“En el colegio recibimos hasta autos como forma de pago, que después tratamos de vender a un docente o colega, así volvemos a inscribir a los alumnos”, dice.
MEC asegura que nueva regla facilita manejo de los casos
Desde la Dirección de Protección de la Niñez sostienen que con la nueva reglamentación será más fácil tomar medidas con los colegios que sean denunciados por padres o alumnos, por incumplir alguna de las cuatro prohibiciones de la Ley 5738/16.
“La Ley ya estaba promulgada, le decíamos a los colegios que estaba prohibido hacer esto, pero sin reglamentación no se podía tomar una medida más concreta”, agrega la directora de Protección de la Niñez del MEC, Sonia Escauriza.
Pide además que los padres se acerquen a los colegios si es que no pueden pagar, para evitar que los hijos sean afectados.