Para este lunes estaba previsto iniciar el juicio oral y público para el ex titular del Indert, Luis Ortigoza, ante el Tribunal de Sentencia presidido por María Luz Martínez.
El mismo está acusado de estafa, en el marco de una venta irregular de tierras de la reserva del Mbaracayú, Salto del Guairá, con la cual habría ocasionado un daño patrimonial al Estado de G. 40.000 millones.
Sin embargo, el juicio oral quedó suspendido porque el procesado presentó la recusación contra todos los fiscales de Delitos Económicos, incluyendo al fiscal adjunto Federico Espinoza. El fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, ahora deberá analizar la acción planteada por el ex secretario estatal en el Gobierno de Federico Franco.
Para Ortigoza es un momento oportuno para que el fiscal general pueda interiorizarse sobre la investigación en su contra, al considerar que existen elementos que no fueron evaluados objetivamente.
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“He notado en el transcurso del proceso de cada una de las causas una manifiesta desviación del criterio objetivo en el departamento de los agentes fiscales intervinientes, lo que al principio parecía una cuestión accidental fue convirtiéndose en una constante”, señala Ortigoza en su planteamiento.
En este caso específico, dijo que la venta de 5 lotes de la reserva que tiene la Itaipú en el Mbaracayú, Salto del Guairá, fue realizada en forma posterior a su salida de la institución. Según la imputación, la venta se hizo mediante dictámenes jurídicos inexistentes e informes técnicos falsos, de acuerdo con la Fiscalía.
Luis Ortigoza asumió como presidente del Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) en julio del 2012, durante los primeros días del Gobierno de Federico Franco. Hoy en día, la Fiscalía Anticorrupción sostiene que durante sus 9 meses de gestión generó un daño patrimonial al Estado de más de G. 115.000 millones.
En los últimos tres años, Ortigoza fue imputado cinco veces en cuatro causas abiertas por compras y adjudicaciones irregulares de tierras. Actualmente goza de medidas alternativas a la prisión.
El primer proceso que enfrentó Ortigoza fue por la compra por parte del Indert de una propiedad de 5.742 hectáreas en Cordillera, de la empresa San Agustín SA, por G. 60.294 millones, de los cuales el Estado solo llegó a pagar G. 46.000 millones.
También está procesado por adjudicar a un árabe un lote de 10 hectáreas que resultó ser del Aeropuerto Municipal de Capitán Bado. El predio fue comprado por Alí Hatem Barakat por G. 5.119.323.
Su última causa es por un presunto perjuicio patrimonial al Estado de más de G. 15.000 millones en la adjudicación presuntamente irregular de 13 lotes ubicados en la colonia Pablo Lagerenza, del distrito Bahía Negra, en el límite con Bolivia.
