EFE
“Venimos a demandar que la Corte Suprema de Justicia se pronuncie y decrete inconstitucional la penalización absoluta del aborto terapéutico”, dijo a Efe la coordinadora del organismo de Mujeres Católicas por el Derecho a Decidir, Magali Quintana.
En este sentido, las mujeres organizadas en el grupo estratégico presentaron el escrito a favor de la restitución de la figura del aborto terapéutico, prohibido en el Código Penal de Nicaragua desde 2006.
La legislación facultaba a practicar este tipo de interrupción del embarazo si era determinado científicamente, con la intervención de tres facultativos por lo menos, y el consentimiento del cónyuge o pariente más cercano a la mujer.
La organización interpuso en el año 2007 el primer recurso por inconstitucionalidad del artículo del Código Penal que penaliza el aborto terapéutico.
“Han pasado 8 años y la Corte Suprema de Justicia no se ha pronunciado, y para ejercer presión hemos introducido alrededor de cinco escritos por año, sin obtener ninguna respuesta”, agregó la activista.
Según apuntó Quintana, entre 2011 y 2013 han fallecido más de 40 mujeres, cuyas edades oscilan entre 25 y 35 años.
Dichas muertes, expuso la activista, pudieron evitarse “si hubiesen tenido acceso a practicarse un aborto terapéutico”.
“Estas mujeres tenían enfermedades crónicas y ameritaban practicarse un aborto terapéutico para salvar su vida”, señaló Quintana.
Por su parte, el director jurídico del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Gonzalo Carrión, calificó de “injusta” a la Corte Suprema, asegurando que cada año se ha comparecido ante la misma para pedirle que resuelva los recursos.
A la presentación del escrito acudieron decenas de mujeres con pancartas, máscaras y megáfonos pidiendo la restitución del aborto terapéutico.
En el contexto de la campaña por las elecciones presidenciales de 2006, la Asamblea Nacional nicaragüense aprobó una reforma del Código Penal, que hasta entonces y desde hacía más de un siglo contemplaba el aborto terapéutico.