La inhibición del juez Alcides Corbeta hace que no pueda resolverse el pedido de intimación al Ministerio Público para que pida los extractos de llamadas en el caso de la muerte de Rodrigo Quintana en la sede del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA).
A primera hora de ayer, Corbeta se apartó del expediente que investiga a Gustavo Florentín, Tomás Paredes Palma y Guido Amarilla, por amistad y frecuencia de trato con los abogados defensores Zulma Fatecha y Andrés Casatti.
Ante esto, mediante sorteo fue designado el juez de Garantías, Paublino Escobar, quien se encuentra actualmente con permiso y es interinado por su colega Rosarito Montanía de Bassani.
Sin embargo, la misma no puede decir si Escobar se va a quedar con la causa, se inhibirá o, en su caso, impugnará la decisión de Corbeta de apartarse de la causa.
Recibí las noticias en tu celular, unite al canal de ÚH en WhatsAppCon ello, esto se sabrá recién el próximo martes 3 de octubre, cuando el juez Escobar se reintegre a sus labores. Si acepta, igual debe notificar a las partes, que tienen 3 días para recusarle en caso de que tengan causales.
EL PLAZO. No obstante, el domingo 1 de octubre se cumplen 6 meses del ataque a la sede del PLRA, por lo que las empresas de telefonía celular, automáticamente por su sistema informático, eliminan sus archivos de extractos telefónicos.
Justamente por esto los abogados Guillermo Duarte y Santiago Lovera habían presentado el miércoles una denuncia por frustración a la persecución penal y solicitaron que el juez controle la investigación del caso.
En su escrito pidieron que se libren oficios a las compañías telefónicas para tener los extractos de llamadas de 21 números, de los cuales cuatro están a nombre de las empresas Las Ventanas SA, Palermo SA y Edivi SA.
Según los abogados, estos números aparecen en los cruces de llamadas hechas la noche del 31 de marzo y la madrugada del 1 de abril entre las jefes policiales y políticos, durante el ataque al PLRA.
Dicen los abogados que pidieron estas diligencias al Ministerio Público el 31 de julio, el 16 y 31 de agosto y finalmente el 22 de setiembre, pero no tuvieron respuesta.
Al final, la fiscal Raquel Fernández rechazó los pedidos de diligencias, con lo que Duarte y Lovera solicitaron al juez que obligue a la fiscala a realizar las diligencias que solicitan.
INEVITABLE.Pese a esto, con la inhibición de Corbeta, el pedido no puede ser resuelto, porque no hay juez que pueda hacerlo, por lo menos antes del próximo domingo 1 de octubre.
Ese día, los servidores de las empresas telefónicas automáticamente borrarán estos extractos y las evidencias se perderán definitivamente.
Corbeta se inhibió ayer y con ello, el juez que fue sorteado no está y aunque esté igual, hay plazos que deben cumplirse para poder resolver cualquier pedido de las partes, con lo que esto hace que la prueba desaparezca.