“Pedimos la publicación (en la gaceta oficial) de las Leyes 840 de Organización de la Corte Militar, 843 Código Penal Militar y 844 del Código de procedimiento penal militar. Son leyes que permiten que con resoluciones de la Corte Militar sean procesados y condenados los militares. Las resoluciones son nulas si no están publicadas las normativas. Esperamos que se publiquen para pedir que se eliminen”, apuntó el abogado Francisco Flor, quien representa a las familias que estuvieron apostadas ayer en las plazas frente al Congreso.
El descontento que hay a nivel de las filas militares tuvo el apoyo de familiares de policías, quienes también aparecieron con carteles y expresaron sus críticas contra las arbitrariedades que sufren los uniformados.
Flor explicó que esta es la primera vez que los familiares de las fuerzas de seguridad públicas se unen y conforman una asociación para defender sus derechos.
Exige la publicación y eliminación de normativas que permiten la ejecución de órdenes absurdas.
Señala que la Justicia Militar se rige por leyes de la época dictatorial.
El abogado consideró que las normativas aplicadas por la Justicia Militar son inquisitorias. “Son de la época de la dictadura, incluso, temen aun la pena de muerte. Esto permite que se avalen las órdenes absurdas de los superiores. Los miembros y jueces de la Corte Suprema de Justicia Militar son usurpadores de la función judicial y exponen al país a reclamos de indemnizaciones millonarias”, sentenció el defensor.
La no publicación de las citadas normativas hace que estas sean nulas, según señalaron varios legisladores.
represalias. Uno de los más llamativos casos que se dieron dentro de la institución castrense y se basaron en dichas leyes terminó con el arresto del sargento 1º agropecuario Carlos Cardozo Martínez, en la prisión militar Viñas Cué. No es la primera vez que los jefes militares intentan acallar las denuncias dentro de las FFAA.
El sargento asistió a un programa de televisión en donde denunció represalias y descuentos compulsivos que sufre él, junto con otros camaradas, en su salario sin ninguna explicación. La suma descontada es 70.000 guaraníes mensuales y nadie recibe explicaciones de parte de las autoridades sobre el motivo del descuento.
Ante la presencia del director de la Diserjumil, coronel Roberto Ortiz Peralta, y del jefe del área penal militar, mayor Carlos González Servín, se procedió a la detención del sargento. Los familiares consideran que los altos jefes militares utilizan la Justicia Militar para reprimir.
