El ex secretario del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) Raúl Fernández Lippmann no se presentó ayer para prestar su declaración indagatoria, en el marco de la causa que investiga los audios filtrados que destaparon la rosca corrupta en polémicos casos judiciales, pese a que su abogado Álvaro Arias había prometido que lo iba hacer si se le notificaban.
El abogado se presentó ayer antes de las 11.00 a la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción y solicitó la suspensión de la diligencia para su cliente, argumentando que aún no se encontraba preparado para brindar declaración y lo haría cuando se encuentre en condiciones de hacerlo.
“Necesitamos un poco más de tiempo. Tenemos los nombres, certeza y documentos que forman parte del histórico del caso, pero debemos asegurar la correspondencia de la Fiscalía”, comentó.
Recalcó que va a esperar contar con algún tipo de beneficio a cambio, como se contempla en el Código Procesal Penal, como por ejemplo la suspensión condicional de procedimiento o procedimiento abreviado. En ambos casos debe admitir los hechos. En el primero no hay condena y quedaría sin antecedentes. En cuanto al segundo, tendría una pena reducida.
Cabe destacar que el abogado Arias había declarado a los medios de prensa que Fernández Lippmann va a dar más nombres de más abogados, jueces y fiscales que se comunicaron con él.
ÚH pudo acceder a datos que confirman que uno de los abogados que también hablaron con el ex mano derecha del ex senador Óscar González Daher en el JEM fue el profesional Guillermo Duarte Cacavelos.
Las conversaciones telefónicas se dieron días antes de la definición del requerimiento conclusivo contra el suegro de Duarte, Carlos Heisele, ex titular de la ANDE que fue imputado por lesión de confianza.
Si bien Arias primeramente señaló a los medios de prensa que no puede dar esa información directamente, posteriormente confirmó a este medio que efectivamente sí hubo tal comunicación, aunque se excusó en dar más detalles.
Por otra parte, manifestó que Fernández Lippmann no recibió presión, tampoco amenazas, aunque sí aseguró que “recibía diariamente visitas por parte de reclusos en la penitenciaría de Tacumbú para que solucione sus casos”, explicó.
Fernández actualmente cuenta con arresto domiciliario. El mismo fue imputado por tráfico de influencia, asociación criminal y cohecho pasivo. En otro caso, por lavado y enriquecimiento.