Hoy, a la medianoche, vence el plazo que tiene el Ministerio Público para presentar el requerimiento conclusivo con relación a los 21 imputados por estafa, cobro indebido de honorarios e inducción a un subordinado a un hecho punible.
La investigación fiscal se inició en mayo del año pasado, tras publicaciones de ÚH, que detectó un perjuicio patrimonial de G. 1.121.319.953 a través del pago irregular de salarios y horas extras a funcionarios que no prestaban servicio o bien no contaban con los títulos universitarios que les requerían sus cargos.
La fiscala Victoria Acuña deberá pedir con relación a cada uno de los imputados, que el caso sea elevado a un juicio oral o bien solicitar un sobreseimiento definitivo o provisional. Posteriormente se deberá realizar una audiencia preliminar en la que el juez penal de Garantías, Alcides Corbeta tendrá la última palabra.
El delito de estafa puede ser penado con hasta cinco años de cárcel, en tanto que el cobro indebido tiene un marco penal de dos años y la inducción a un subordinado a un hecho punible es sancionada con el castigo previsto para el delito “inducido”, en este caso el cobro indebido, explicaron fuentes judiciales.
el caso. El ex contralor general de la República, Óscar Rubén Velázquez Gadea, tenía como secretaria privada a Liz Paola Duarte, quien ingresó a la institución en noviembre de 2008. La misma ganaba mensualmente G. 22 millones, incluso llegó en algunos meses a G. 37 millones, a pesar de que no tenía un título universitario.
Según la investigación de este medio, la secretaria vip no trabajaba las horas extras mencionadas, iba al gimnasio; a su casa y solo se presentaba a la Contraloría por instrucción de Velázquez para marcar su entrada y salida. También a través de imágenes de las cámaras de seguridad se vio a Duarte ingresar a la institución vestida con ropa deportiva y con su mascota.
Velázquez había manifestado que era próspera asalariada, debido a que supuestamente trabajaba horas extras y adicionales. Pero días después tras destaparse las irregularidades, decidió sumariar a su secretaria y a otros altos funcionarios.
Con relación al contralor y la subcontralora, la Fiscalía sostiene que ambos estaban en conocimiento que autorizaban pagos a funcionarios que realmente nunca prestaron servicios a la institución.
Están imputados Reinaldo Gadea, Horacio Coelho, Hugo Pereira, Alicia Acevedo, Ana Monges, entre otros.