Los imputados son Jorge Christian Fleitas, Iván de Jesús Estigarribia, Óscar Darío Céspedes, Raúl León Morales, José María Benegas, Arístides Amarilla Zacarías, Ramón Osvaldo Rivarola, Félix Andrés Medina, Francisco Ramón Alvarenga y Rufino Alfredo Pedrozo.
Todos son funcionarios públicos que prestan servicios en la Armada, específicamente en el Centro Financiero Nº 3.
En el caso del funcionario Arístides Amarilla Zacarías, la Fiscalía señala que el hombre percibió remuneraciones que no le correspondían por los objetos de gasto 131, 133 y 191, asignaciones que solamente figuran en el extracto del Sinarh del Ministerio de Hacienda.
En cuanto a Ramón Osvaldo Rivarola, se señala que cobró remuneraciones que no le correspondían en el objeto de gastos 133. Sobrepasa muy por encima el monto que podía percibir conforme al cargo que desempeñaba. De igual manera, cobró por subsidio familiar, asignación que no se observa en el detalle de liquidación de salario del Centro Financiero.
El escrito de la Fiscalía resalta la conducta atribuida a Jorge Christian Fleitas, quien habría percibido remuneraciones en concepto de bonificaciones no respaldadas completamente en las planillas por objeto de gasto 133, subsidios ocasionales (viáticos), y objeto de gasto 230. Además de estas asignaciones, percibió pagos que corresponden exclusivamente a los miembros de las Fuerzas Públicas, a pesar de no reunir dicha condición.
La fiscala Acuña manifestó en su decisión que, por la complejidad de la investigación, ante este tipo de hechos punibles se requiere la utilización de un tiempo de seis meses de pesquisa a los efectos de formular acusación en conformidad con lo dispuesto en el artículo 324 del Código Procesal Penal.
DENUNCIA. En la rosca mafiosa, que salpica a unos 13 funcionarios y 5 efectivos militares, se embolsaron más de 1.247 millones de guaraníes en concepto de cobro indebido de salarios, según la investigación que abarca los años 2012, 2013 y 2014.
Cuando estuvo al frente del Centro Financiero Nº 3 de la Armada, el capitán José Domingo Lezcano había denunciado el esquema tras una auditoría. Sin embargo, poco tiempo después fue acusado de falsedad y está a punto de ser condenado por un juez.
La Justicia Militar se limitó a condenar a 6, 3 y 2 años de prisión a tres efectivos militares, pese a que uno de ellos fue el que denunció el caso de corrupción.