La carpeta fiscal abierta es por los hechos punibles de lesión de confianza y apropiación.
Según la denuncia alrededor de 160 funcionarios públicos fueron afectados con sus aportes en el manejo administrativo de la Asociación de Funcionarios de la Contraloría General de la República, según una denuncia.
Los mismos alegaron que aparecieron como morosos en la Asociación de Entidades Financieras del Paraguay (Adefi) y que se enteraron del hecho tras ser notificados de un embargo ejecutivo, por la jueza en lo Civil y Comercial del 4° Turno, Magalí Zavala.
Las irregularidades se habían dado desde el 2013 al 2016.
Por otra parte, la representante fiscal indicó que ya solicitó como primera diligencia la pericia documental.
Los denunciantes explicaron que como asociados solicitaron préstamos, cuyas cuotas debían ser descontadas del salario en forma automática por la Aso de la Contraloría. Posteriormente el dinero girado debía ser abonado a las empresas bancarias, sin embargo no fueron transferidos.