En plena audiencia pública, el viernes último, la jueza Laura Ocampo, que integraba el Tribunal de Sentencia que juzga a dos médicos del Instituto de Previsión Social (IPS) por la muerte de un bebé, comunicó que ha decidido inhibirse del caso, porque durante los últimos días había estado recibiendo muchas “presiones políticas” que perturbaban su espíritu y no le iban a permitir actuar libremente.
Aunque la vulnerabilidad de la Justicia paraguaya ante los poderes políticos o económicos es considerado un “secreto a voces” por gran parte de la ciudadanía, esta es la primera vez que una magistrada reconoce en forma pública haber sido presionada por sectores con poder político, en este caso para favorecer a uno de los procesados en el juicio, concretamente a una mujer a quien identificó como Antonia Acosta Benítez.
Aunque la jueza Ocampo no ha querido revelar los nombres de quiénes ejercían sobre ella la “presión política” para intentar obligarla a favorecer a uno de los procesados, buscando evitar que pueda ejercer su función en forma libre e imparcial, hay que destacar que la misma haya decidido denunciar la ilegal situación en forma pública, y que se haya negado con buen sentido ético a seguirles el juego a quienes la estaban presionando, aunque su alejamiento obligue a paralizar el juicio y a sortear un nuevo tribunal, que en este caso judicial concreto ya sería el tercer tribunal de sentencia.
Lo preocupante es que la jueza Ocampo no se haya sentido respaldada por el Poder Judicial, al punto de que se deba inhibir para no traicionar a su conciencia.
La denuncia es muy grave como para que las autoridades y los organismos encargados de velar por la transparencia del sistema judicial lo dejen pasar como una simple y pintoresca anécdota. Lo que corresponde es que se abra una investigación real, que busque dilucidar claramente lo que ha ocurrido y que establezcan las responsabilidades del caso, encargándose de que quienes hayan actuado ilegalmente resulten debidamente sancionados.
Pero lo más importante es que, a partir de este caso, se establezcan mecanismos institucionales que logren si es posible acabar con situaciones de injerencia política en el sistema judicial, que los jueces y agentes de la Justicia o el Ministerio Público se encuentren acompañados y protegidos para actuar con honestidad e imparcialidad ante cualquier tipo de presiones, y no se encuentren tan vulnerables, al punto de que tengan que inhibirse o renunciar ante la imposibilidad de impartir justicia correctamente.