Una funcionaria de la Presidencia de la República, otro en el Instituto de Previsión Social (IPS) así como otra empleada del Poder Judicial también son prósperos proveedores en compras públicas, burlando la Ley 2051 de Contrataciones Públicas y 1626 de la Función Pública. (Ver info).
Sonia Beatriz Maidana es funcionaria de la Presidencia de la República, percibe un salario G. 4.230.800, está comisionada en la Municipalidad de Areguá y a la vez es proveedora de la Municipalidad de Presidente Franco.
La misma se adjudicó dos contratos en compras públicas en el 2013 y 2014 por valor de G. 313 millones. Se dedica al negocio del servicio de publicidad y propaganda.
Recibí las noticias en tu celular, unite al canal de ÚH en WhatsAppLuis Orlando Melgarejo Roy es funcionario del IPS, está en la sección de seguridad área metropolitana en interior, y aparte tiene contratos de proveedor en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), en la Dirección de Aeronáutica Civil (Dinac) y en el Municipio de San José de los Arroyos. En el 2014 ganó G. 413 millones en adjudicaciones de compras públicas.
Mientras que Martina Muñoz figura como funcionaria del Poder Judicial, se desempeña como ujier. La misma es a la vez proveedora de la Gobernación de Ñeembucú según confirmó César Verón, responsable de la Unidad Operativa de Contratación (UOC) de la citada institución.
Verón facilitó el número de Muñoz, pero esta nunca atendió. La funcionaria del Poder Judicial tiene adjudicaciones por valor de G. 108 millones.
Infracción. Los tres funcionarios públicos extienden la lista de asalariados estatales que violentan la prohibición de la Ley de la Función Pública y mantienen negocios extras con el Estado.
El artículo 60 de la Ley de la Función Pública dice que queda prohibido al funcionario “intervenir directamente, por interpósita persona o con actos simulados, en la obtención de concesiones del Estado o de cualquier privilegio por parte del mismo que importe beneficio propio o de terceros”. Otros artículos de la ley también establecen prohibición como proveedor.
El profesor Néstor Pereira, docente asalariado del Estado, proveedor de Sinafocal, ante las consultas periodísticas se defendió con el artículo 62 de la misma ley, sin embargo en ese punto solo se refiere a la doble remuneración, que ya lo había señalado el ministro de la Función Pública, Humberto Peralta. No habilita a participar de licitaciones ni de concesiones.
El ministro Peralta había mencionado que gran parte de los contratos de compras públicas están en manos de empleados públicos. Su estimación incluso llegó a un tercio de la cantidad de proveedores con que cuenta el Estado.
Las investigaciones de ÚH han identificado 12 casos de funcionarios con jugosos contratos como proveedores del Estado. Las adjudicaciones han superado los G. 15.000 millones, es decir unos USD 3,2 millones, distribuidos en favor de una docena de empleados en forma directa o a través de sus empresas.
En algunos casos, el ingenio de los funcionarios los ha llevado a crear ONG para facturar al Estado. El caso de Codepa, Coordinadora de Desarrollo Departamental, es una organización utilizada como Servicio de Asistencia Técnica de Senavitat, mediante el cual Eusebio Verón, empleado del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, y Víctor Roberto González, del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, se han adjudicado construcción de viviendas.
Hasta hoy no se reportan sumarios o sanciones para funcionarios públicos que cayeron en la citada infracción. Contrataciones tampoco reportó casos de inhabilitación.