También resalta que la jueza Judith Gauto Bozzano es la misma que había rechazado el amparo del ciudadano Daniel Vargas contra la Municipalidad de San Lorenzo, cuando en esta institución se le había negado información de carácter público, relacionada con el presupuesto, los funcionarios, salarios y cargos. Caso que por medio de una acción de inconstitucionalidad llegó hasta la Corte Suprema de Justicia que, finalmente, le reconoció el derecho. Por otra parte, el GIAI resaltó con asombro cómo el embajador Carlos Fleitas, quien sostiene que las resoluciones sobre funcionarios escalafonados no son información pública, había solicitado a través del Portal Unificado de Información Pública, en enero del 2017, copias de dos actas de la Junta de Calificaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores sobre funcionarios que ascendieron de rango, con sus respectivas calificaciones y puntajes.