Sin embargo, ello no impide que el Gobierno tenga en su poder un sistema sofisticado de espionaje, el software FinFisher, sin que se sepa para qué fines y quién está al frente de su puesta en operación.
Así se desprende de la afirmación de la oenegé Tecnología, Educación, Desarrollo, Investigación y Comunicación (Tedic), que aseguró que el Gobierno paraguayo compró un programa informático llamado FinFisher, que, entre otras cosas, sirve para controlar las comunicaciones de los ciudadanos a través de internet. Esta información no fue desmentida oficialmente.
La noticia fue dada el 8 de febrero pasado por la agencia española de noticias EFE, que recogió el informe de la directora ejecutiva de Tedic, Maricarmen Sequera.
La oenegé denunció “este hecho que evidencia prácticas peligrosas y violatorias de derechos fundamentales”.
El informe reveló que FinFisher sirve también para encender de forma remota teléfonos celulares que se encuentran apagados e intercepta videollamadas a través del programa Skype y reconoce la escritura de teclado, informó la organización.
Tedic pide a las autoridades que implementen “las garantías adecuadas para no atentar contra derechos consagrados en la Constitución Nacional”.
La compra también fue confirmada por el Citizen Lab, que es un laboratorio interdisciplinario de la Universidad de Toronto, Canadá, que se centra en la investigación y el desarrollo avanzado en la intersección de las tecnologías de la información y comunicación (TIC), los derechos humanos y la seguridad mundial.
Citizen Lab reveló que 32 Gobiernos usan esa tecnología de espionaje, entre los cuales figura Paraguay. Otros países de la región que figuran en el informe son Venezuela y México.
SILENCIO. Pese a la gravedad de las afirmaciones de la oenegé Tedic y de las revelaciones de Citizen Lab, el Gobierno no desmintió ni confirmó la compra del mencionado software de espionaje.
El Decreto del Ejecutivo Nº 2812, del 18 de diciembre del 2014, que reglamenta la Ley 5241/14, establece entre otras cosas que el Sinai será el órgano encargado de “detectar, neutralizar y contrarrestar las acciones de grupos terroristas nacionales o internacionales y de organizaciones criminales transnacionales”.
La ley establece un Consejo Nacional de Inteligencia y una Secretaría Nacional de Inteligencia, ambos dependientes de la Presidencia de la República.