25 de mayo de 1925. El político y pensador Antonio Gramsci denuncia en el Parlamento en Roma la persecución de la que son víctimas, por parte de los fascistas, los comunistas y militantes sociales italianos.
—Se detiene sin imputación específica alguna a todo el que se encuentra en una reunión de tres personas, por el mero hecho de ser comunista, y se le mete en la cárcel —dijo entonces quien años después moriría en prisión, en donde escribiría el grueso de su obra política y filosófica.
En el recinto estaba presente la encarnación seráfica del fascismo: Benito Mussolini. Él contestó con un tono casi generoso, con la magnanimidad y el cinismo terroríficos del poder absoluto:
—Pero se les libera pronto. ¿Cuántos hay en la cárcel? No los agarramos más que para conocerlos.
En un país con contradicciones sociales en ascenso como Paraguay, la respuesta de quien fuera dictador de Italia aspira a tener forma jurídica, a pesar de que en la práctica se halla extendida desde los días represivos del stronismo: la policía podría detener sin necesidad de orden judicial a los ciudadanos y ciudadanas. Un proyecto de ley impulsado por Cartes fue modificado en el Senado en lo referente al artículo 6 de la Carta Orgánica de la Policía Nacional, que habla de sus funciones, obligaciones y atribuciones. En él se da vía libre a las detenciones extrajudiciales. Fue rechazado y devuelto a Diputados. No será legal privar de su libertad a personas de manera arbitraria. Por ahora.
Sin embargo, las detenciones sin orden judicial son una práctica común en el campo, entre los campesinos y los militantes sociales. Las Fuerzas de Tarea Conjunta operan en los dos departamentos con mayor cantidad de detenciones ilegales en el marco de una criminalización de la militancia social: San Pedro y Canindeyú. Los allanamientos y apresamientos ilegales denunciados en contra de la FTC son varios. El libro Judicialización y violencia contra la lucha campesina, de Abel Areco y Marielle Palau (2016), revisa uno por uno los casos de criminalización en el periodo 2013-2015 del Gobierno colorado. Fueron 43. La mayoría de ellos en casos de ocupaciones de tierras fiscales o de propiedad dudosa, y en la resistencia a las fumigaciones y plantaciones ilegales de soja en zonas pobladas por campesinos. En dos años hubo 87 personas heridas o torturadas; 16 procedimientos en donde se quemaron viviendas, se destruyeron cultivos y se robaron bienes. Luego sí aparece con celeridad la orden judicial para la criminalización aleccionadora: hubo 460 personas imputadas, 273 detenidas y 38 condenadas. Hace poco más de una semana, en Guahory, Caaguazú, 220 familias asentadas en tierras en disputa pero reclamadas por hacendados de origen brasileño, fueron desalojadas violentamente por policías y fiscales con financiación privada.
Parafraseando a Mussolini, otro altanero corporativista, El Patrón iluminaría, como solo él suele hacerlo frente a los micrófonos:
—Pero no los agarramos más que para descabezarlos... A su organización, claro.
