En conferencia de prensa, siete gremios empresariales sentaron ayer postura de categórico rechazo a las resoluciones N° 133 y 134 del Ministerio de Salud Pública (MSP), que relajan las exigencias sanitarias para el régimen aduanero de despacho simplificado para importaciones menores. Advierten que el ministerio pone en peligro la salud de la población, legaliza el contrabando y la piratería de marcas.
Luis Petersen, vicepresidente del Centro de Importadores del Paraguay (CIP), manifestó que todos los gremios están muy preocupados en torno a la próxima entrada en vigencia de dichas resoluciones.
Dijo que, lamentablemente, el MSP estableció en estas normativas exigencias muy simples para el ingreso de mercaderías que son introducidas por paseros en la frontera. Afirmó que las exigencias no cumplen con normas que están vigentes para los importadores y que son más estrictas en el control sanitario.
Petersen subrayó que la mayor preocupación que tienen es que “con esto se está poniendo en riesgo a los consumidores”.
Apuntó que, por ejemplo, ya no se tendrá garantía de que los productos alimenticios que ingresen por importación menor cumplan con exigencias como la cadena de frío, protección de embalajes y sean productos originales.
Agregó que el otro cuestionamiento puntual que tienen a estas normativas es que habilita al importador menor a utilizar la marca de productos que ya están inscriptos y cumplieron exigencias mayores con sus costos para obtener los registros sanitarios.
“Un importador, para obtener las autorizaciones de estas dos direcciones de Salud, INAN y Dinavisa, tienen que recurrir a una inversión en dinero, mucho tiempo y burocracia para que sea aprobada. Y en el futuro, un importador menor va a poder utilizar tal marca aprobada solo con inscribirse”, cuestionó.
Alertó que será de casi imposible cumplimiento el control efectivo a los importadores menores, a través de regentes, como disponen las resoluciones, además de violar normas regionales e internacionales sobre el cuidado de marcas y exigencias a productos alimenticios.
Petersen señaló que solicitaron una audiencia con el ministro de Salud Pública, Antonio Barrios, a fin de que escuche los puntos de vista de los gremios empresariales sobre las implicancias y consecuencias graves que para ellos tendrán las resoluciones en cuestión, que entrarán en vigencia el próximo 6 de abril. Descartó, por ahora, una eventual acción judicial. Acompañaron esta postura la CNCSP (Cámara de Comercio y Servicios), el Caedhpa (Cámara de Productos Domisanitarios), Caimpeco (Cámara de Importadores de Perfumes y Cosméticos) y Capro (Cámara de Proveedores) entre otros gremios importadores tanto alimenticios como del área de cosméticos y domisanitarios.