Tras la sanción ficta a la ley “Que modifica los artículos 8, 13, 14 y 15 de la Ley Nº 2.345/03 De Reforma y Sostenibilidad de la Caja Fiscal, Sistema de Jubilaciones y Pensiones del Sector Público”, el Ministerio de Hacienda analiza si recomendará al Poder Ejecutivo el veto parcial o total de la norma, comentó ayer el viceministro de Economía, Daniel Correa.
Indicó que esperan la remisión del documento por parte del Poder Legislativo para pronunciarse oficialmente. No obstante, manifestó que también se baraja como alternativa presentar un proyecto de ley que solucione a corto y a largo plazo el problema de la Caja Fiscal.
Una de las salidas contempladas es remitir al Congreso un proyecto de ley que cree la Superintendencia de Pensiones, por la cual se regule no solo la Caja Fiscal, sino todas las cajas de jubilaciones del país.
Indicó que no podía dar muchos detalles sobre los análisis que están realizando, pues los planes deben ser aprobados primero por el Ministerio de Hacienda, luego por el Equipo Económico Nacional y posteriormente las alternativas deben ser sometidas a consideración del Poder Ejecutivo.
PRIVILEGIOS. Según cálculos realizados por técnicos del Ministerio de Hacienda, esta ley permitirá a los docentes que accedan a la jubilación anticipada a los 42 años de edad, con solo 22 años de aporte. Además, la normativa permitirá que perciban una remuneración base del 93% de lo aportado.
Actualmente, los docentes se jubilan con 25 a 28 años de aporte, y con una remuneración base de entre 83% al 87%. El sector del magisterio nacional tiene 91.933 aportantes, y los jubilados suman, aproximadamente, 19.000.
Los docentes aportan 16%, al igual que los demás sectores de la Caja Fiscal. Sin embargo tienen mayores beneficios en comparación con los demás sectores. Por ejemplo, los docentes no tienen requisito de años de edad para jubilarse, mientras los demás sectores tienen que tener 50 años de edad como mínimo.
Además, a las mujeres docentes se les reconoce hasta tres hijos como años trabajados, beneficio con el cual no cuentan los demás sectores de la Caja Fiscal. Se estima que el impacto de la normativa que concede mayores beneficios al sector docente tendría un costo adicional de USD 68 millones anuales al fisco. Este mayor beneficio deberá ser cubierto con el aporte de los demás sectores de la Caja Fiscal y más rápido acabarán los recursos.
