Por Patricia Vargas
Por un lado, la Fiscalía de Delitos Económicos y Anticorrupción sostiene que las 5.700 hectáreas de tierras ubicadas en Cordillera, que el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) compró de la firma San Agustín, no son aptas para la agricultura, tal como lo exige el Estatuto Agrario.
“El inmueble que ha sido objeto de compra, tenía la finalidad de la integración armónica de la población campesina al desarrollo económico y social de la nación. A través de la investigación, se estableció que estas tierras no son aptas para estos fines. Se han constatado a través de pericias e informes, que la mayor parte no son aptas para el cultivo, ya que se encuentran en una zona destinada a la recreación y esparcimiento vacacional (...). Se constató que la tierra no es cultivable, por ser arcillosa”, explicó el fiscal René Fernández, quien tomó el caso porque momentos antes de presentar la acusación fueron recusados sus colegas Claudia Criscioni y Aldo Cantero, por lo que la responsabilidad recayó en Fernández.
Actualmente, Criscioni y Cantero están de nuevo habilitados en la causa con miras al juicio oral, en donde están acusadas siete personas, entre ellas el ex titular del Indert, Luis Ortigoza.
Por el otro lado, la perita del Ministerio Público, Olga Fleitas, dice en su informe que, entre otras cosas, los pobladores del lugar se dedican a la agricultura.
“Teniendo en cuenta la verificación realizada se pudo apreciar en las distintas colonias y asentamientos las diversas actividades a que se dedican sus pobladores, agricultura, plantaciones de mandioca, batata, sandía a mediana escala, a la ganadería en menor escala; en la mayoría de los asentamientos se dedican a la olería (...)”, alega la perita en su informe entregado el mes pasado.
En otra parte menciona que en el asentamiento de la colonia Coronillo hay aproximadamente 80 olerías.
Daño ambiental. En la acusación, la Fiscalía agrega que la compra se debía realizar, conforme a la Ley 622/60 (De colonización y urbanización de hecho), que toma en cuenta el valor fiscal de los últimos 15 años. Sin embargo, si las tierras no son aptas para la agricultura, ¿por qué se compraron?
Inclusive hay otra pericia agroquímica elaborada en donde se alega que las tierras no son aptas para el cultivo.
Es más, aseguran que de usar las tierras como zona de cultivo y de olería, puede generar daño ambiental.
¿Guerra en la Fiscalía?Otra contradicción en el caso es que la perita fiscal tasó la propiedad en G. 86.134.711.500, mientras que la Fiscalía habló de sobrefacturación en su imputación porque las tierras fueron vendidas a G. 60.294.298.050, G. 26.000 millones menos del valor tasado por la misma Fiscalía. En la acusación, sin embargo, ya no se habla de sobrefacturación.
En el Ministerio Público se habla de la existencia de “dos bandos": Delitos Económicos y Anticorrupción versus el sector de los peritos, con quienes existen constantes roces debido a sus supuestos “dudosos informes”, según los fiscales.
Mencionaron que en el momento del juicio oral, el fiscal Cantero va a echar por tierra gran parte del informe de la perita Olga Fleitas porque existen ciertas cuestiones que esta última obvió poner en su informe final.
“La guerra constante entre algunos peritos y fiscales es algo de nunca acabar debido a la desconfianza hacia los peritos”, señaló un funcionario del Ministerio Público.
San Agustín renunció a percibir la suma de G. 14.000 millones, que el Estado adeudaba por la compra de las 5.700 hectáreas. El Indert pretende aceptar la donación que debe resolver la Junta Consultiva.
El monto final por el cual se acordó la venta del inmueble, en marzo del 2013, fue de G. 60.294.298.050 y la suma entregada por el Indert fue del 80%, es decir, G. 46.884.846.163. El precio que el Indert pagó por hectárea fue de G. 10. 577.947 mientras que la Fiscalía aseguró que solo se debió pagar G. 381.932.