ÚH accedió al documento de uno de los casos, donde el actual contralor Enrique García –en su función anterior de procurador general– hizo lugar a lo peticionado por el ex defensor del Pueblo Manuel Páez Monges (ver facsímil).
Se trata del pedido de Carmelo Zárate Vera, supuesto hijo de las víctimas de la dictadura Cipriano Zárate y Aurelia Vera. El hombre mencionó en el escrito –al igual que sus otros tres hermanos Braulio Aníbal Zárate Vera, Lyliana Zárate Vera y Rubén Antonio Zárate Vera– que sus padres fueron perseguidos políticos durante la época de gobierno de Alfredo Stroessner, por ser tildados como comunistas.
Seguidamente, amplió su reclamo argumentando haber sufrido supuestas lesiones físicas en un secuestro efectuado por militares, del que había sido víctima a los 14 años. Extrañamente estas circunstancias no fueron expresadas al presentar la solicitud de indemnización.
En su primer diagnóstico médico no figuraban lesiones físicas, mientras que en el segundo diagnóstico –que fuera arrimado con la ampliación de su reclamo– llamativamente ya se encontraban consignadas las supuestas secuelas, según la carpeta fiscal.
DETECTADO. Los delegados a cargo de los expedientes incluso recomendaron la desestimación de la indemnización. Sin embargo, a pesar de las anormalidades, el ex titular de la Defensoría del Pueblo finalmente resolvió que se desembolse la suma de G. 249.311.000.
En la causa hay seis expedientes más de personas que fueron beneficiadas con indemnizaciones, aunque algunos cometieron delitos y otros adulteraron datos. El perjuicio patrimonial estimado es de G. 936.473.000.
Pese a haber dado su aval para los pagos, García no fue incluido en la imputación, por el caso en el que sí fueron procesados Páez Monges, Victorino Andrés González Sarubbi y Shirley Lucía Cantero Figueredo, por el hecho punible de lesión de confianza. Aparentemente, según fuentes fidedignas, esto fue por orden del fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón.