Mientras miles de mujeres tomaban las calles del centro capitalino para exigir el respeto irrestricto de sus derechos, en la noche del 8 de marzo pasado cuatro campesinas miraban horrorizadas cómo un grupo de hombres violentos atropellaban el lote que ellas estaban ocupando en el distrito de Francisco Caballero Álvarez, más conocido como Puente Kyjhá, en Canindeyú. Ellas sabían que vendrían. Ya habían sido amenazadas y por eso estaban haciendo guardia en el lote que ocupa la comisión sin tierra Mujeres del Paraguay San Juan Poty. No hicieron nada ante el ataque: sabían que estaban indefensas y que su lucha no acababa, sino que volverían a ocupar y construir otra vez sus casas de las cenizas.
Al día siguiente, la presidenta de la comisión, María Segovia, denunció el atropello y responsabilizó al intendente Ariel Araújo. La familia del jefe comunal sostiene que el inmueble en cuestión es suyo y lo arrenda a sojeros, mientras las campesinas afirman que son tierras estatales del Indert y ya iniciaron los trámites de adjudicación en la institución.
Segovia incluso contó a la prensa que la suegra del intendente se comunicó con ella y le advirtió que “se cuide”. Ante la velada amenaza, Segovia respondió con calma y convicción: “Ya entramos otra vez y empezamos a armar otra vez nuestras casas. Si vienen otra vez y queman, vamos a volver a entrar”, anunció a una radio.
24 horas después, dos sicarios en una motocicleta mataron a balazos a María Esther Riveros. El crimen fue frente a la humilde casa de María Segovia, prima de la víctima. Ahora, la principal hipótesis del Ministerio Público es que Riveros fue asesinada por equivocación y que el verdadero objetivo de los matones era su prima, la dirigente sintierra. Esa es la realidad a la que todavía tiene que enfrentarse en 2018 la lucha campesina.
Entre la caída de la dictadura en 1989 y la llegada de Cartes al poder en el 2013, un total de 115 líderes y militantes campesinos murieron ejecutados, o fueron desaparecidos, de acuerdo con el informe Chokokue, elaborado por la Codehupy. Esta problemática real y tangible de la lucha por la tierra no varió con el actual gobierno. Hombres y mujeres siguieron siendo asesinados por personas que buscaban acallar sus reclamos. El crimen de María Esther Riveros en Puente Kyjhá es un caso más de una larga lista que debería avergonzar a este gobierno y los que lo antecedieron.
En la enorme mayoría, los asesinos materiales y morales no fueron ni siquiera procesados y esa impunidad es la que permite que el ciclo de violencia se perpetúe. Las cifras revelan claramente el fracaso de la Justicia ante las poblaciones más vulnerables y el sometimiento de fiscales de todo el país a sectores poderosos. Hasta tanto el propio Estado no garantice la seguridad de los dirigentes campesinos y cualquier otro activista social no podremos tener una verdadera democracia plena.