El ministro y los funcionarios están imputados por presuntamente haber permitido que planilleros de la institución cobraran sus salarios a sabiendas de que no prestaban servicios.
Los investigadores fiscales esperaban que los subordinados de Ramírez colaboren con el Ministerio Público para probar que él estaba en conocimiento de la existencia de los planilleros. A cambio, los imputados podían eventualmente obtener una salida alternativa al proceso.
Sin embargo, tras haber sido imputados, todos los procesados se abstuvieron de declarar en sus audiencias indagatorias y tampoco ofrecieron brindar datos a los investigadores.
Se trata de Modesto Núñez, superintendente de la institución; Víctor Báez, jefe de gabinete de Ramírez Zambonini; María Isabel Quintana, supervisora de Recursos Humanos; y Christian Bogado, director de Recursos Humanos.
Varios de ellos declararon como testigos y otros en audiencias indagatorias antes de ser imputados.
Estas declaraciones fueron utilizadas en la imputación a Ramírez Zambonini para probar que las planillas de asistencia de supuestos planilleros eran llevadas del despacho del ministro a la oficina de Recursos Humanos y que no podían ser objetadas por instrucciones del despacho del ministro.
Sin embargo, para que sus testimonios pudieran sustentar una acusación formal contra Ramírez Zambonini, los funcionarios deberían ser previamente desvinculados del caso y aceptar una salida alternativa al proceso. Ninguno se mostró interesado en esto.
LA TESTIGO. La imputación al ministro también se sustenta en la declaración indagatoria de la escribana Zully Ferreira, quien contó que Manuel Radice fue el nexo para que conociera a Ramírez Zambonini y este le ofreció realizar trabajos de escribanía para la Justicia Electoral.
El ministro le sugirió una remuneración mensual, porque si cobraba sus honorarios profesionales por día resultaría muy costoso para la institución, y la escribana aceptó esto con la condición de que no tuviera que cumplir un horario laboral ni asistir al TSJE.
Para la Fiscalía, Ramírez Zambonini hizo esto a sabiendas de que la escribana tenía un impedimento legal, ya que la función notarial es incompatible con el ejercicio de un cargo público.
Ferreira también contó que el director de Recursos Humanos, Christian Bogado, “le hacía firmar” planillas de asistencia a la institución, a pesar de que ella no cumplía horarios laborales ahí. Según la escribana, Bogado le dijo que esto era una exigencia de Auditoría Interna.
A cambio de no ser imputada, la escribana en un principio aceptó colaborar con la Fiscalía. Su declaración es clave en la causa.