Los fiscales José Dos Santos y Martín Cabrera imputaron al ex presidente de la ANDE Carlos Dionisio Heisele Sosa en calidad de autor y a cuatro abogados, como cómplices, por el pago de montos millonarios e inflados a los propietarios de terrenos que fueron afectados por la construcción de la línea de 500 kV.
Se trata de Mónica Beatriz Rodríguez Rolón, jefa de la Oficina de Asistencia Jurídica a Proyectos de Sistemas de Transmisión de 500 KV; Jacinto Bernal Ovelar, quien se desempeñaba como coordinador del Gabinete de la Presidencia. Así como también Ángel Javier Galeano y René Aranda, abogados que representaban a varios afectados.
Los representantes del Ministerio Público presentaron la imputación por el hecho punible de lesión de confianza.
Este caso inició de oficio con base en publicaciones periodísticas de este diario, en agosto de 2013, a raíz de una investigación que reveló los pagos millonarios con la complicidad de funcionarios de la empresa estatal.
Imputación. Según refiere la imputación, propietarios de los inmuebles utilizaron la negativa de ingreso a sus propiedades para requerir a la ANDE una indemnización mayor que la fijada por el Departamento de Topografía del ente, el cual estaba encargado de realizar la fijación del monto que se debía pagar en concepto de servidumbre de electroducto.
Ante la citada falta de autorización, la ANDE, a través de sus abogados Rodríguez y Bernal solicitó al órgano jurisdiccional la correspondiente autorización judicial (prevista en el artículo 77 de la ley 966/64 “Carta Orgánica de la ANDE”) para que los funcionarios de la ANDE, o personas autorizadas por la misma, ingresen con sus equipos y maquinarias y procedan a ejecutar la obra prevista en los inmuebles de los propietarios renuentes.
El juez de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral, de la Niñez y la Adolescencia de Hernandarias, de la Circunscripción Judicial de Alto Paraná, hizo lugar a las medidas cautelares y autorizó el ingreso a los inmuebles de los propietarios.
Posteriormente Heisele, en su carácter de administrador de la entidad, autorizó el pago indebido de indemnizaciones que causó un perjuicio patrimonial a la ANDE por el monto de G. 9.451.992.829. (ver infografía).
Incluso, en uno de los casos, Juana Francisca Centurión Ortiz recibió en concepto de indemnización 195.000.000 de guaraníes sobre un inmueble ubicado en el distrito de Hernandarias, a pesar de que Dieter Seifert, anterior propietario, ya había sido indemnizado; es más, le advirtió a la misma sobre el cobro, refiere el escrito.
Resalta que además de haber recomendado los pagos indebidos, se suma el hecho de que, en ocasiones, Mónica Rodríguez y Jacinto Bernal firmaron acuerdos con los propietarios renuentes para que los mismos autoricen el ingreso a sus inmuebles a cambio de recibir la indemnización, pero con la reserva expresa del derecho a demandar en el ámbito civil una indemnización mayor.
Por su parte, el abogado Ángel Javier Galeano, quien actuó como abogado patrocinante de Santa Celina Quintana, Segundo Darío Centurión y Lucía Garcete de Alcaraz, causó un perjuicio a la ANDE de G. 488. 679.547.
En cuanto el abogado René Aranda, quien representó a Santa Celina Quintana, Segundo Darío Centurión, Lucía Garcete de Alcaraz, Lino Bertipaglia y los representantes de la Inmobiliaria Santa María, logró que la ANDE pague en forma indebida la suma de G. 4.409.017.111.
