De acuerdo con datos preliminares del Instituto Forestal Nacional (Infona), durante todo el 2017, se ha detectado la destrucción de 10.000 hectáreas de área boscosa de forma irregular, informó el presidente de la institución, Fredis Estigarribia.
Esto equivale a casi el mismo tamaño de toda la ciudad de Asunción o 400 parques Ñu Guasu, para tener una idea del daño ocasionado.
En la Región Oriental, donde rige la Ley de Deforestación Cero, se detectó la destrucción irregular de 500 hectáreas aproximadamente, agregó Estigarribia. Todo esto se detectó mediante imágenes satelitales, reiteró.
El presidente del Infona recordó que la institución a su cargo da la autorización final para que los propietarios puedan transformar sus propiedades, en el marco de la Ley Forestal.
Esta normativa establece en su artículo 42 que todas las propiedades rurales de más de veinte hectáreas en zonas forestales deberán mantener el 25% de su área de bosques naturales.
En la Región Occidental, la mayoría de los permisos para la transformación del suelo se hacen para ampliar las pasturas de la ganadería, que es la principal actividad de esa parte del país.
Con el dato de las 10.000 hectáreas destruidas, se abre un proceso para determinar las sanciones que corresponden, tanto en el ámbito administrativo como en el ámbito penal, aseguró.
El decreto. En este proceso es cuando entra en juego el Decreto Nº 7702, que sigue siendo cuestionado por el sector ambientalista.
Este decreto, explicó Estigarribia, establece una serie de alternativas para paliar el déficit en el caso de que no se llegue al 25% de área de bosque como contempla la Ley Forestal.
En ese sentido, recordó que desde que el decreto entró en vigencia aún no se ha recibido en el Infona un solo plan de cambio de uso de suelo, bajo los términos referidos en el polémico decreto.
Por su parte, el asesor jurídico de la Secretaría del Ambiente (Seam), Hugo Cañiza, creyó conveniente aclarar que esta institución del Estado forma parte del proceso para obtener los permisos para transformar el suelo, pero en una etapa intermedia.
Es un requisito obtener la licencia ambiental antes de la autorización final del Infona, explicó. Sin embargo, muchos propietarios creen que el proceso termina en la Seam y con la licencia avanzan sobre los bosques, ilegalmente.
Así también el abogado de la Seam reiteró su apoyo al decreto en cuestión, diciendo que dicho documento establece qué se debe hacer para paliar el déficit forestal en el caso de que no se cumpla con el 25%, algo que en el pasado no estaba claro. De forma independiente, deben correr los procesos para las sanciones si corresponden, agregó.
Organizaciones ambientalistas siguen alertas
El ritmo de deforestación en el Chaco no sorprende a las varias oenegés que se unieron para pedir la derogación del Decreto Nº 7702. Por ello, se mantienen en su posición e inclusive ya cuentan con más de 20.000 firmas que avalan el pedido, señaló Óscar Rodas, de la WWF. Recordó luego uno de los tantos cuestionamientos al decreto: “Todas las propiedades rurales (...) deberán mantener el 25% de su área de bosques naturales, o en su defecto adquirir certificados de servicios ambientales hasta cubrir el porcentaje mencionado”, expresa el artículo 3 del Decreto Nº 7702, con lo cual se abre la puerta para arrasar con el porcentaje que se debería mantener, señaló.