La inminente impugnación que promoverá en breve el Consorcio Vial Este, integrado por la Consultora Guaraní y GMI, al cuestionado proceso licitatorio para la fiscalización de la duplicación de las rutas 2 y 7, pone en jaque el inicio de obras del primer proyecto de alianza público privada (APP).
El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) anunció hace unos días que en pocas semanas iniciarán las obras de recapado y mejoramiento del tramo 0, desde el km 13 en San Lorenzo hasta la ciudad de Ypacaraí, pero no podrán concretarlo sin la fiscalización.
Fuentes extraoficiales informaron ayer que el ministro, Ramón Jiménez Gaona, ordenó la creación de un equipo de ingenieros para fiscalizar el inicio de los trabajos (del tramo 0), mientras se defina la impugnación. Trascendió que la cartera quiere iniciar las obras como sea.
ÚH intentó hablar sobre el tema con Claudia Centurión, titular de la Dirección de Proyectos Estratégicos y con el viceministro de Obras, Juan Manuel Cano, pero no respondieron. En horas de la tarde, el Departamento de Prensa desmintió las versiones extraoficiales, luego de insistencias.
Asimismo, expertos consultados alegaron que MOPC no tiene la capacidad para fiscalizar la obra. Mientras tanto, el representante del Consorcio Vial Este, Benjamín Pérez, dijo que bajo ningún punto de vista se puede llevar a cabo la fiscalización si es objeto de impugnación, eso es inviable, imposible”. Reiteró que también que “es imposible que se arme un grupo paralelo para fiscalizar, porque no fueron adjudicados”.
Recordemos que la fiscalización de la primera APP se adjudicó al Consorcio C y D-ELC (Electroconsult), por USD 8,5 millones. Dictámenes del comité de evaluación revelaron que el MOPC ayudó al consorcio ganador desde un comienzo, porque en la primera evaluación, la cartera dio puntos de más al Consorcio C y D-ELC, que tuvo que corregir por la presión de los oferentes. Al final, el grupo se quedó con el peor puntaje, pero igual fue adjudicado.
Contrataciones investiga denuncias
La polémica licitación para la fiscalización de la duplicación las rutas 2 y 7, que se lanzó en enero del 2016, contó con la participación de nueve oferentes, de los cuales solo tres lograron pasar la calificación técnica. Las calificadas por MOPC fueron cuestionadas por violar el pliego de la licitación y Contrataciones Públicas está investigando las denuncias.
El proyecto de duplicación de las rutas 2 y 7 se adjudicó hace casi un año, vía APP, al consorcio liderado por la española Sacyr (60%) y cuyos socios son la portuguesa Mota Engil (20%) y la paraguaya Ocho A (20%), por USD 527 millones. Sacyr tiene tiempo hasta abril del 2018 para iniciar la duplicación propiamente.