En la tarde de ayer, luego de muchas deliberaciones, el juez Roberto Saldívar ordenó la libertad ambulatoria del intendente de Ypané, Horacio Ortiz Albrecht, pero le prohibió ingresar a la sede municipal mientras dure la investigación; explicó que Ortiz podrá seguir ejerciendo desde otra oficina.
A raíz de esta decisión, se inhibió de seguir investigando el caso la fiscala Brígida Aguilar, responsable de la imputación de Ortiz Albrecht por lesión de confianza ante las supuestas irregularidades detectadas en el uso de 1.700 millones de guaraníes que recibió su administración del Fonacide, así como en la compra de equipos informáticos para una escuela. También está imputada en el caso la contadora de la Comuna, Elva Beatriz Corvalán Díaz.
Aguilar había denunciado el sábado pasado que recibió amenazas vía telefónica, para que se dejara de investigar al intendente. Ayer a la mañana confirmaba que, pese a las presiones, seguiría investigando. Sin embargo, horas más tarde y una vez conocida la decisión del magistrado, decidió dejar el caso. Ortiz se desentendió ayer de las amenazas que recibió la fiscala y aseguró no tener idea de quién pudo haber sido. Seguidamente, ya se declaró perseguido político por la investigación que se le estaba iniciando. De hecho, dos grupos de pobladores se confrontaron frente a la sede del Juzgado; un sector pertenecía al de los detractores del intendente, mientras un segundo grupo, a sus seguidores. El encuentro de ambos bandos generó algunos disturbios, llegando a cerrar la ruta 1 a la altura del kilómetro 26. Mucha tensión se vivió en el lugardurante la audiencia de imposición de medidas a la que acudió Ortiz con sus abogados Álvaro Arias y Guillermo Weiler, ya que la seguridad se vio sobrepasada por momentos. Los detractores, con carteles de “Ypané no te calles”, denunciaron que familiares del intendente se encontraban cerrando el edificio municipal y destruyendo evidencias.
La fiscala Aguilar había pedido la prisión para el intendente, e incluso solicitó su captura, ya que durante unos días se mantuvo prófugo. Ayer presentó su inhibición en la causa ante la Fiscalía General, alegando desconfianza hacia la labor del juez Roberto Martínez Saldívar. Primero, porque el juez, afiliado al PLRA, no citó al Ministerio Público para la audiencia de ayer, donde además el Juzgado dio curso a la presentación de escritos del procesado, quien tenía orden de captura. Agregó que, si bien toleró amenazas, no puede avanzar con la investigación ni tolerar que el juez trunque con “criterio desatinado” llegar hasta un Tribunal de Sentencia.
Horacio Ortiz, tras conocerse el fallo, salió a saludar a sus seguidores y hasta ironizó sobre la investigación de la fiscala, diciendo que “ojalá tengamos más fiscales de este quilate”.