“Lo grave para los asociados a la Cámara y para todo el sector empresarial es la pretensión de la SET de hacer retroactiva la aplicación de su interpretación de la ley pidiendo rectificar las declaraciones impositivas desde el 2012 hasta el 2016 y establecer nuevas condiciones a partir del 2017, que nada tienen que ver con el espíritu y letra de la ley”, manifestó la CNCSP, cuyo presidente es Beltrán Macchi.
El gremio rechaza la argumentación de que con la interpretación de amplia deducibilidad se reduciría la recaudación de otros tributos. La vigencia del IRP con amplia deducibilidad ha demostrado fehacientemente que impactó positivamente en la recaudación a lo largo de su vigencia, indicó la cámara.
“Para la CNCSP no solo hay argumentos legales para derogar el decreto y anular las notificaciones, sino que hay argumentos económicos sólidos en el sentido de privilegiar la inversión para el desarrollo del país”, remarcó.
La asociación de empresarios se ratifica en la postura empresarial de que si hay abusos en la aplicación de la ley, se penalice dentro del marco legal a aquellos que así lo hicieron, pero que no se puede tirar por la borda la seguridad jurídica, uno de los valores que el Paraguay debe establecer como principio inmutable si quiere permanecer en la senda del desarrollo.
