EFE
Pazmiño comprobó que el país avanza en la aplicación de las sentencias emitidas por la CorteIDH en 2005, 2006 y 2010 a favor de las comunidades indígenas Yakye Axa, Sawhoyamaxa y Xákmok Kásek, oriundos del Chaco paraguayo.
“Esta es una audiencia de verificación de cumplimiento, donde se convocan a las partes, a los representantes del Estado y a las víctimas”, apuntó Pazmiño al explicar el motivo de estancia en Paraguay, que finalizó este jueves, en un acto en la Cancillería paraguaya.
El juez viajó hasta los territorios del Chaco paraguayo para conocer las condiciones de vida de los pueblos beneficiados por la sentencia ya que, en su opinión, “para administrar Justicia no es suficiente un despacho, hay que conocer a la gente”.
Recibí las noticias en tu celular, unite al canal de ÚH en WhatsAppPazmiño también se reunió con la otra parte involucrada en la decisión judicial, el Estado paraguayo, que mostró una “actitud favorable” ante “los problemas serios que se han presentado”.
El magistrado urgió a las partes a presentar antes del 15 de enero un cronograma en el que se establezcan los plazos de las actividades a las que se comprometerá el Estado.
“Tanto en educación, salud, tierras, entregas de insumos escolares, medicinas, agua potable... Todos esos elementos que son parte de la sentencia hoy tienen plazos. Yo me preocuparé, y así lo he manifestado, de que esos plazos se cumplan”, aseguró.
Pazmiño mostró su interés en que eso se implemente porque “las comunidades indígenas viven en condiciones muy complejas para su salud, su vida, su educación y es necesario y urgente fijar medidas”.
El Estado paraguayo está obligado por las tres sentencias de la CorteIDH a restituir las tierras ancestrales que pertenecieron a las comunidades Yakye Axa, Sawhoyamaxa y Xákmok Kásek y que se convirtieron en establecimientos ganaderos.
No obstante, distintas organizaciones denuncian que Paraguay desobedece esas sentencias.
La población indígena de Paraguay asciende a unas 120.000 personas, el 76% de las cuales vive en situación de pobreza extrema, según datos oficiales, en su mayoría debido a que fueron desposeídas de sus tierras ancestrales durante la dictadura (1954-1989) y en la primera década de democracia
