Dos de los seis acusados por el perjuicio de más de 12.000 millones de guaraníes a la Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat (Senavitat), irán a juicio oral, según resolvió ayer el juez Miguel Tadeo Fernández.
Se trata de Camilo Aníbal Recalde Dávalos, ex encargado de Servicio de Asistencia Técnica de la institución; y, Rufino Concepción González Flores, ex director general de Administración y Finanzas de la Secretaría de Estado.
Ambos fueron acusados por la fiscala de Delitos Económicos, Yolanda Portillo, por supuesta lesión de confianza, tras la denuncia realizada por la ministra Soledad Núñez.
La preliminar se realizó el lunes, pero recién ayer se dictó resolución, teniendo en cuenta la complejidad de la causa en cuestión.
Durante la diligencia, la defensa de Recalde, a cargo de los abogados Horacio Fialayre y Solange Guerrero, solicitaron la aplicación de la figura del procedimiento abreviado. Pidieron 2 años de cárcel, pero con la suspensión de la ejecución de la pena.
Además, la defensa ofreció dos inmuebles como reparación del daño. La fiscala Nadine Portillo, que reemplazó en la audiencia a su colega, se allanó al pedido.
Por su parte, González Flores requirió a través de su abogado Pedro Cano, el sobreseimiento definitivo, a lo que se opuso la representante del Ministerio Público.
Tras el estudio de la causa, el juez entendió que al no determinarse exactamente el daño patrimonial hecho por Recalde, no correspondía el procedimiento abreviado, sino que vaya a juicio oral.
Con respecto a González Flores, también rechazó el pedido, ya que son cuestiones propias del juicio oral y público, por lo que elevó la causa a esa instancia.
OTRA CITA. Además, para el próximo 28 de noviembre, a las 9.00, deberán comparecer los demás procesados, Carlos Valenzuela, Carlos Turrini, Óscar Barreto y Hugo César Acevedo, quienes fueron acusados por la Fiscalía.
En la causa, ya fueron sobreseídos definitivamente, el ex ministro de la Senavitat, José Hugo Núñez Alvarenga, Rocío Rodríguez y Mario Antonio Pairet. La misma Fiscalía requirió desvincularlos de la causa, lo que fue admitido por el magistrado Fernández.
CAUSA. Según la acusación del Ministerio Público, en la citada causa, el perjuicio patrimonial para el Estado Paraguayo a través de la Senavitat es de G. 12.191.422.234.
Debían realizarse 12 proyectos para la construcción de 321 viviendas sociales en las localidades de Capiatá, Luque, Ypané, Nueva Italia y Limpio.
Se entregaron 16.750 millones de guaraníes, a través de cooperativas y empresas constructoras para ejecutar los proyectos para las viviendas, pero solo se construyó el 22% de los inmuebles.
El ex tesorero se halla prófugo
Según confirmó la fiscala Yolanda Portillo, uno de los imputados, Rodolfo Osmar Lovera Mancia, ex tesorero de la Senavitat, nunca se presentó al proceso, por lo que se encuentra en rebeldía y con orden de captura. Es por ello que la causa quedó suspendida con respecto a esta persona y no se presentó el requerimiento conclusivo. Sin embargo, para los otros nueve, la Fiscalía acusó a seis de ellos y pidió sobreseer a otros tres, conforme con la agente.