Los datos son de 2016 y de acuerdo con Sebastián Acha, director ejecutivo de la entidad, uno de los grandes desafíos es la significación del trabajo, ya que aún se nota precarización; es decir, que se crean trabajos formales, pero no suficientes para la demanda.
El informe resalta, además, que la informalidad es normal en los trabajos de pequeños emprendedores.
El análisis recomienda reducir drásticamente la burocracia estatal para formalizar las mipymes, en los trámites administrativos, con más transparencia y menos costos en tiempo y dinero.
En el ámbito de la demanda de energía se constató una débil capacidad de control en las conexiones clandestinas, mientras que el robo de energía de la ANDE puede superar los USD 150 millones anuales.
Por otra parte, si bien los índices de bancarización crecieron en números globales, según el estudio, los controles de Seprelad siguen siendo débiles.
“El flujo de capitales ilícitos pone al país en la vidriera internacional como un Estado débil ante la amenaza del lavado de activos”, advierte el documento.
El aumento en los niveles de economía informal habla de que el Estado no tiene políticas públicas ni cuenta con instituciones que puedan contrarrestar las actividades enmarcadas dentro de la economía subterránea.
Acha manifestó en la presentación que, a pesar de los resultados, se sigue exigiendo más a los formales con el aumento de la tasa del Impuesto a la Renta Personal (IRP), intentada por decreto, en cuanto a la exigencia de la declaración a la SET de compras hechas por valor de más de G. 50 millones en efectivo, sin ningún tipo de estímulo que acompañe.
El estudio de informalidad mide, mediante tres métodos indirectos, el tamaño de la economía subterránea, que incluye actividades no susceptibles de legalización.
La cifra
11.092 millones de dólares movió la economía subterránea en el país, durante el año 2016.
