El embarazo de una niña de diez años nos ha sumido en el estupor. La mirada machista y encubridora con la que se juzgan otros hechos de violencia contra la mujer ocurridos en el ámbito familiar carecen aquí de fuerza.
Una niña de diez años no puede tener responsabilidad en su embarazo. La familia, la sociedad y el Estado deberían garantizarle su integridad física, síquica y moral, y el respeto a su dignidad personal.
La única eximida de culpa es esa pobre nena, que debería estar jugando con sus muñecas y no llevando un bebé de verdad en la pancita. Todos los demás estamentos están bajo sospecha.
Los indicios apuntan a su padrastro, quien ya había sido denunciado por la madre hace más de un año.
¿Cómo es posible que ese individuo siguiera viviendo bajo el mismo techo que la niña? ¿Hay complicidad o la propia madre es víctima de violencia doméstica?
El lenguaje de la gente que opinó sobre el tema en las redes sociales —e incluso el de las crónicas periodísticas— caía con frecuencia en imprecisiones que revelan una cierta condescendencia con lo sucedido. Así, se puso énfasis en el “embarazo precoz” o en frases del tipo “se está investigando si existió o no coacción o abuso sexual”.
¡Por Dios!, es una nena que no tiene la capacidad de dar su consentimiento a un acto sexual, menos aún si el presunto autor es un mal nacido de cuarenta años.
El Estado tampoco estuvo a la altura. Los médicos que atendieron a la menor pusieron en conocimiento del caso a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, pero no les pareció necesario denunciarlo al Ministerio Público. Era más una rareza obstétrica que una violación atroz de sus derechos.
La Fiscalía se enteró del hecho por la prensa.
Y nadie hasta ahora explica por qué el fiscal de Luque —que recibió la primera denuncia un año atrás— no investigó ni hizo nada al respecto.
El embarazo de esta niña impresiona también porque revela que no se trata de una situación excepcional.
En nuestro país nacen anualmente más de 500 bebés de niñas-madres que tienen entre 10 y 14 años. La cantidad de abortos en esta franja etaria es también altísima. Más de cincuenta episodios por año —una cifra ínfimamente representativa del total de embarazadas— terminan en hospitales públicos.
Cada uno de esos casos fue un abuso sexual. Ante tanta violencia disimulada, ante tanto eufemismo negador, ante tanta impunidad silenciosa, uno termina indignándose también con los/las que siguen oponiéndose a que el Estado garantice una educación integral de la sexualidad en las instituciones educativas.