La noticia cayó como una bomba: una niña de 10 años de edad tiene cuatro meses y medio de embarazo y su padrastro es el principal sospechoso de haber abusado de ella. Es muy difícil imaginar una situación de vulnerabilidad más grave que la de esta nena, cuya vida marcada injustamente por el horror ahora debe ser valorada por sobre todas las cosas.
Una de las claves para entender esta historia es la denuncia por violación que ya había presentado el año pasado la madre en contra del padrastro: la causa quedó archivada y el hombre volvió al hogar familiar. El fiscal que investigó la denuncia, José Morínigo, asegura que no encontró ninguna prueba en contra del padrastro y que el estudio victimológico a la niña concluyó que no hubo ningún abuso.
No obstante, resulta más que obvio que tras la denuncia, en algún momento el sistema falló, al no lograr evitar que la nena fuese ultrajada. La responsabilidad del Estado es innegable y el caso pone en tela de juicio la eficacia de los métodos de investigación del Ministerio Público. La Defensoría de la Niñez y la Fiscalía deberán analizar, asimismo, la responsabilidad que tuvo la madre y el contexto en el que esta familia desarrollaba su vida.
De nuevo, el caso trajo a colación escalofriantes datos sobre la niñez y las mujeres en Paraguay. Estas cifras advierten que en el país cada día se registran al menos dos partos de niñas entre 10 a 14 años y que el promedio anual de abortos en el país es de 53, en el mismo rango de edad. Un aspecto a tener en cuenta es el de la ausencia de una educación sexual en las escuelas y colegios que logre que los niños y adolescentes tomen conocimiento de sus derechos sexuales y reproductivos.
El debate del aborto también se impone por fuerza propia: ¿Es realmente justo obligar a una niña o adulta a tener un hijo fruto de una violación? El Estado debería ofrecer opciones a una nena de 10 años embarazada. La ley actual, que penaliza el aborto, solo propicia la muerte de decenas de embarazadas en clínicas clandestinas cada año. “Las mujeres que se someten al aborto clandestino no están presas, están muertas”, advirtió al respecto Elba Núñez, del Comité de América Latina para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem).
El embarazo de esta niña interpela al Estado en sus funciones de prevenir y proteger, pero también nos obliga a cuestionarnos como sociedad qué estamos haciendo mal y qué debemos cambiar para evitar que sigan ocurriendo, por centenas cada año, este tipo de atrocidades.