La probable designación de la ex ministra de la Corte Suprema de Justicia Alicia Pucheta de Correa, como reemplazante del renunciante vicepresidente de la República, Juan Afara, y luego del presidente Horacio Cartes, cuando este último también presente renuncia a su cargo para asumir como senador electo, es presentada ante la opinión pública como un paso trascendente en la historia del país y como un importante logro de las luchas feministas, pues por primera vez, en más de dos siglos de vida republicana, el Paraguay tendría a una mujer ocupando la primera magistratura.
La designación, en el caso de que pueda darse sin mayores conflictos, no tendría toda la significación que pretenden otorgarle, por varias razones: a) no será una presidencia ganada con votos populares; b) será apenas por dos meses para completar el periodo presidencial que quedará vacante hasta el próximo 15 de agosto; c) no se trata de una candidatura que haya sido promovida o apoyada por ninguna de las organizaciones feministas del país; d) principalmente responde a una maniobra política impulsada por el actual presidente, Horacio Cartes, para favorecer a su sector político.
La ministra Pucheta, cuando estuvo en funciones en el Poder Judicial, había favorecido al presidente Cartes en fallos judiciales claves, al votar a favor del rechazo in límine de la acción de inconstitucionalidad planteada por el entonces presidente del Congreso, senador Roberto Acevedo, contra el forzado cambio de reglamento en la Cámara Alta, durante la crisis política del 2017 surgida ante el intento del actual mandatario y sus aliados de violar la Constitución y hacer aprobar una enmienda para lograr la reelección presidencial. Pucheta también votó a favor de declarar que Cartes y el ex presidente Nicanor Duarte Frutos puedan ser candidatos a senadores activos, cuando la Constitución dice expresamente que los ex presidentes solo serán senadores vitalicios, con voz pero sin voto.
Visto desde esta perspectiva, la designación de Pucheta es parte de una maniobra política impulsada por el actual presidente Cartes para tener en el sillón de los López a una clara aliada suya que complete el periodo restante, mientras quedan además dos lugares vacantes en la Corte Suprema de Justicia –el de la propia Pucheta, quien renunció el lunes, y el del ministro Óscar Bajac, que deberá dejar el cargo en julio, cuando cumpla 75 años–, que también se está buscado llenar con referentes del cartismo. Estas maniobras políticas, que se vienen realizando abiertamente y sin ningún disimulo, ponen nuevamente en evidencia que la supuesta independencia del Poder Judicial ante el Poder Ejecutivo es muy relativa.
La manera en que se está manejando la probable designación de la ex ministra Pucheta para la presidencia de la República contradice los fundamentos del equilibrio de poderes y de una necesaria independencia para cumplir tan importante función. Se espera que los legisladores analicen este criterio a la hora de decidir su designación.
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