Los bienes que sean objeto de comiso en casos de tráfico de drogas deberán ser rematados por orden judicial, según la Ley Antidrogas 1340. De esta forma, el Estado está obligado a rematar lujosos vehículos, avionetas y hasta inmuebles que fueron comisados en los últimos años de importantes peces gordos del narcotráfico.
Semanas atrás, un tribunal de Sentencia condenó a 8 años de cárcel a Jarvis Chimenes Pavâo por lavado de dinero y además dispuso el comiso de 92 millones de guaraníes en efectivo, cuatro camionetas de marca Toyota y Chevrolet, tres motocicletas tipo cross, dos cuaciclones, ocho armas de fuego de diversos tipos y tres fincas que forman parte de la estancia 4 Filhos, que consta de 400 hectáreas.
De quedar firme la sentencia, estos bienes deberán ser rematados y el producto de la subasta deberá ser repartido entre la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y el Ministerio Público, comentó el fiscal del caso, Marcelo Pecci.
“En mucho de los casos, por ejemplo en microtráfico, se ordena el comiso de dinero de baja denominación, que es típico del escenario de ese tipo de hechos. Cuando se trata de tráfico internacional naturalmente la infraestructura logística de estas organizaciones es considerablemente mayor. En tal sentido, tenemos incautadas una serie de vehículos, de aeronaves y todo tipo de elementos”, explicó el fiscal antidrogas.
En ese aspecto, Pecci comentó que tanto la base central de la Senad como la del Departamento Antinarcóticos de la Policía están repletas de vehículos decomisados de presuntos narcotraficantes. Asimismo, indicó que las avionetas incautadas se encuentran en el predio de la primera brigada aérea de la Fuerza Aérea.
ABANDONO. “Desde el momento del hecho hasta arribar a una sentencia firme pueden trascurrir fácilmente desde 3 y hasta 4 años en un caso de narcotráfico. Por lo tanto, es razonable preguntarse qué pasa con esos bienes y la realidad nos muestra que están prácticamente depositados con el deterioro natural que esto implica, más aún en casos de aviones, que requieren un cuidado incluso más exhaustivo que un vehículo”, explicó el fiscal Pecci.
Sobre el punto, el representante del Ministerio Público recordó que existe una acordada de la Corte Suprema de Justicia que prohíbe el uso de estos bienes, por lo cual tampoco se puede utilizar la figura del depósito judicial.
“Tenemos verdaderos cementerios de rodados y de aeronaves porque no se cuenta con una herramienta legal que permita a los operadores de justicia disponer de esos bienes y la consecuencia inmediata es el deterioro”, sostuvo el agente fiscal.
Justamente para cambiar esta situación, el Gobierno está interesado en adherir al Paraguay al Proyecto de Administración de Bienes Incautados y Decomisados en América Latina (Proyecto Bidal), indicó.
Este proyecto prevé asistencia técnica y financiera a los países beneficiarios del mismo, proponiendo un método para mejorar el proceso de detección e incautación de los fondos ilegales provenientes del narcotráfico y lavado de dinero. Se trata de una iniciativa de la Organización de Estados Americanos (OEA), señaló el fiscal.
