De hecho, la legisladora ya el día de la sesión extraordinaria había realizado una fuerte acusación, señalando que al parecer el mandatario no invirtió en abogados, sino en el Parlamento, instalando dudas sobre venta de votos.
Sostuvo que no cree que el Ejecutivo vete el proyecto de ley, siendo que se hizo un “lobby feroz, descarado e inmoral”, y citó incluso al ministro de Obras Públicas, Ramón Jiménez Gaona, cuyo padre sería uno de los accionistas de Tape Porã.
“Ayer (por el martes) denuncié. No puedo decir cuánto (monto), pero delante mío el señor José Ortiz estaba haciendo un lobby feroz por teléfono. No voy a decir con quién”, manifestó Masi, evitando dar nombre de los que recibieron las llamadas. “Lastimosamente no tenemos la votación electrónica. No vi el papel, pero el presidente vio (Mario Abdo). Ahora va a revisar. El que presidía (la sesión) era Carlos Filizzola. Si en serio hubo eso se tiene que volver a votar, si hubo empate”, indicó, con relación a la denuncia de Eduardo Petta, de que se manipuló la votación final.
Sostuvo que el proyecto de ley sobre la ampliación de la concesión a Tape Porã claramente viola tres leyes, citando la de concesiones, Contrataciones Públicas y la de tráfico de influencias por estar metido el padre del ministro de Obras Públicas. También dijo que se violentan dos artículos constitucionales: de libre competencia y de seguridad jurídica.
