Édgar Medina
CIUDAD DEL ESTE
Lo que iba a ser un allanamiento para la incautación de armas de fuego, que la Fiscalía planeó realizar acompañada por una dotación policial, acabó como uno de los enfrentamientos más trágicos entre policías y campesinos ocurridos en suelo paraguayo. Murieron once labriegos y seis uniformados, y una semana después el entonces presidente Fernando Lugo fue destituido mediante juicio político.
Entre los sobrevivientes en las filas policiales están los suboficiales César Medina, Melanio Gómez, Alcides Benítez, Antonio Gaona, Mariano Ojeda, Nelson Zaracho, Julio César Báez, Francisco Morínigo y Evelio Riquelme, quienes acusaron disparos. Ojeda perdió la vista, Zaracho tuvo que ser sometido a una cirugía de reconstrucción de parte del rostro, mientras que Morínigo estuvo muy grave.
Los agentes heridos en servicio dejaron de percibir desde hace un año el plus equivalente al 25 por ciento de sus salarios, que por ley debían recibir, según se supo en filas policiales. Los afectados no quieren hablar de eso, aunque una fuente confirmó que en la Policía Nacional se están priorizando otros gastos.
El suboficial Fredy Toledo sostuvo que tuvo que recurrir a un tratamiento sicológico para superar el trauma. Indicó que durante la noche se repetían en sus sueños las imágenes de la escena. Vio morir a varios de sus compañeros con quienes compartía el día a día y tuvieron que auxiliar a otros que cayeron heridos.
“Mañana (por hoy) van a ser cinco años de que volví a nacer”, señaló. “Estuve entre los diez agentes del grupo táctico que ingresamos detrás de (Erven) Lovera y el grupo que se adelantó para conversar con los campesinos. Nos salvamos porque Dios es grande. Vimos caer al jefe y los otros, y escuchamos los pedidos de auxilio de los camaradas baleados, los disparos zumbaban cerca de nosotros”, recordó. Toledo sostiene que sigue contactando con la familia de su camarada fallecido, el suboficial Juan Gabriel Godoy, pero que perdió comunicación con los demás.
Vigilia y casación
Los familiares de los condenados por la masacre de Curuguaty hacen vigilia a la espera de conmemorar los 5 años del suceso ocurrido en Marina Cué. Reclaman justicia para los condenados. Paralelamente, los abogados Jorge Bogarín y Raúl Caballero presentarán hoy el recurso extraordinario de casación en contra de las sentencias que condenaron a los acusados. Ayer, Guillermina Kanonnikoff estuvo junto con Karina Godoy, esposa del condenado Arnaldo Quintana; el padre de este, Jacinto Quintana; Ramona González, encadenados frente a tribunales.
Dirigentes campesinos realizan protesta
Como parte del quinto aniversario de la masacre de Curuguaty, el Congreso Democrático del Pueblo (CDP) realizó varios actos en el centro de Asunción, entre ellos una manifestación con carteles y pancartas con volanteada en los semáforos de la intersección de las calles Brasil y Luis Alberto de Herrera.
Luis Flecha, vocero del CDP y miembro del Partido Paraguay Pyahura (PPP), indicó que llegaron a realizar varios actos en estos días de recordación para no dejar que la memoria de los caídos muera, enfatizando que la problemática de la lucha por la tierra no es solo un problema del campesinado, sino que afecta al desarrollo nacional.
“Se cumplirán cinco años de la mayor masacre en nuestro país de la lucha por conquistar una tierra para el pueblo paraguayo. Consideramos que no hay que olvidar este acto, que sea ejemplo de resistencia y lucha en defensa de la soberanía”, indicó Flecha.
Insistió en que no hay que olvidar que quienes condenaron a los campesinos son los verdaderos culpables de la masacre de Marina Cué, ya que los condenados la única culpa que tenían era de querer un pedazo de tierra.
Lo importante para los del CDP es demostrar y contar a todos sobre lo que ocurrió el 15 de junio de 2012, donde se produjo la muerte de once campesinos y seis policías. Recordar que Marina Cué, que pertenece al Estado paraguayo, fue usurpada por la firma Campos Morombí, de la familia Riquelme, y son los que solicitaron el procedimiento policial que derivó en la masacre.
Aquel procedimiento policial se ordenó desde el Ministerio del Interior, con Carlos Filizzola al frente, y cuando el comandante de la Policía era Paulino Rojas.
